Paula Ruiz
El Ministerio de Justicia tramita ante los jueces 25 solicitudes de revocatoria de uso de brazalete electrónico para reos, quienes delinquieron mientras tenían este beneficio a cambio de cumplir la pena en una cárcel.
Así lo indicó Fiorella Salazar, ministra del ramo, la tarde de este martes ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde estuvo en audiencia para aclarar dudas sobre el tema de brazaletes electrónicos.
La respuesta de Salazar se emitió tras el cuestionamiento del liberacionista Jorge Fonseca, quien puso como ejemplo lo que sucede en Purral, Goicoechea, donde privados de libertad con este beneficio continúan con sus fechorías, escudados en el temor de los vecinos para denunciar.
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“En este momento sabemos donde está el 100% con esa modalidad y los fuimos a visitar, la gente que está delinquiendo y no me cabe duda que existen, en momento que existe la información se genera informe técnico y se le hace llegar al juez”, recalcó Salazar.
En total, hay 1.691 personas con este monitoreo electrónico, de los cuales un 86,5% son hombres y 13,5% mujeres, además, solo un 10% son extranjeros.
Fiorella Salazar (centro), Ministra de Justicia indicó que habrá un ahorro de 1.500 millones de colones con el cambio de proveedor por parte de ESPH. Foto: Cortesía.
Defiende ahorro
Dentro de los temas que se manejaron en la mesa de discusión, estuvo el cambio de proveedor por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), compañía que mantiene el convenio con Justicia.
El viernes anterior, se oficializó el cambio de Control Electrónico S.A (CESA) a Buddi Limited Sucursal Colombia como proveedor de la ESPH.
Pese a los cuestionamientos de Harllan Hoepelman, diputado independiente sobre la segunda empresa en mención, Salazar defendió que “se investigó y está a la vanguardia en 32 países”.
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Según indicó, con CESA el cobro diario por reo era de $17, pero ahora será de $12,5 permitiendo un ahorro anual de 1.500 millones de colones o, bien, $2,7 millones.
La modificación de proveedor por parte de la ESPH se debió a la solicitud de Justicia para mejoras tecnológicas, sin embargo, es la Empresa de Servicios Públicos la que tiene el contacto directo con Buddi Limited.
“La ESPH hizo un estudio de mercado, invitó a 15 empresas a presentar lo mejor de sus tecnologías solicitando requisitos. De esas 15 solo 4 enviaron ofertas y sobre esas, hizo una valoración técnica y nos puso resultados obtenidos, una vez de valoración técnica-financiera fue a Unidad de Monitoreo Electrónico y validó los criterios técnicos que pedíamos y se estaban viendo satisfechos en una de las 4 ofertas”, detalló.
Sobre la calidad de los brazaletes, Salazar explicó que son mejores que los anteriores.
“Si (el reo) sobrepasa (el sitio donde puede estar) va a haber aviso visual como sonoro, en este momento tenemos cantidad de alarma y posibilidad que no se rompan las reglas mucho mayor que antes”, concluyó.
En 2019, el gasto ejecutado por monitoreo electrónico fue de 5.393 millones de colones y en lo que va del 2020, esa cifra asciende a 2.036 millones de colones.
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