Paulo Villalobos
Luego de semanas de conflicto, el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) intentan limar sus asperezas. Las entidades firmaron un acuerdo para mejorar el seguimiento de los privados de libertad, que cuentan con la medida de tobilleras electrónicas.
Tuvo que mediar el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, para acercar las posiciones de las entidades.
Según el comunicado de prensa divulgado la noche de este martes, el convenio entre Justicia y ESPH incluye:
- la creación de una comisión para analizar las desconexiones de personas portadoras del dispositivo
- el ofrecimiento de una solución de software para la gestión automática de unas 15.000 alertas diarias, no críticas, por parte de la Empresa, la discriminación de datos impedirá que el sistema se sature o se ralentice
- la capacitación de los agentes destinados al monitoreo
- el suministro de un nuevo conjunto de dispositivos para atender la regionalización del programa de aparatos.
Según el Gobierno, el acuerdo no significará costo alguno para las partes involucradas en el contrato.
“Queremos garantizar la seguridad de la ciudadanía y la mejora de un sistema que ha demostrado ser efectivo porque reduce la incidencia y permite a las personas tener una adecuada inserción social. Trabajaremos en el fortalecimiento de la Unidad de Monitoreo, así como una reforma que nos permita hacer acopio de las lecciones aprendidas”, dijo la ministra de Justicia, Marcia González.
El encargado de Desarrollo de Negocios de la ESPH, Daniel Vargas, se mostró satisfecho por el restablecimiento de la comunicación. Destacó el desarrollo de un “plan de trabajo conjunto para robustecer el servicio y garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
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Días de críticas
El pacto se da el mismo día en el que el fabricante de los brazaletes, Geosatis Technology, y su representación en el país, Grupo CESA, salieron a sacudirse de las críticas hechas por la jerarca Marcia González.
Ambas empresas garantizaron que los dispositivos son de la máxima tecnología y que no están obsoletos, como lo señaló la titular.
También rechazaron que las 331 desconexiones continuas de los últimos 21 días tengan que ver con problemas de señal.
Los encontronazos entre la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y del Ministerio de Justicia iniciaron el 16 de setiembre anterior.
La ESPH reveló fallas en el seguimiento del 40% de los beneficiarios de los aparatos electrónicos. Según la compañía, hay problemas para monitorear a 596 de 1.515 personas condenadas.
La cartera rechazó los señalamientos y consideró que estos sirvieron para distraer la atención ante el faltante de tobilleras.
El choque de las entidades motivó a los diputados a investigar el caso. En razón de lo anterior, jueces de ejecución de la pena debieron declarar bajo juramento. Ellos también apuntaron contra el Ministerio.
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Paulo Villalobos
