Paulo Villalobos
La intervención policial de una protesta estudiantil que se realizó el 12 de setiembre de 2018 en las cercanías de la sede estudiantil Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, San José, es blanco de estudio del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ese día, alumnos de la casa de enseñanza superior denunciaron un ingreso de oficiales de la Fuerza Pública al recinto; lo que en apariencia violentó la autonomía que les concede el artículo 84 de la Constitución Política.
Por ese motivo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, ordenó la investigación inmediata de los hechos.
El 19 de setiembre de 2019 — más de un año después — el Ministerio le remitió a la Universidad un informe con sus conclusiones del actuar que tuvieron ese día; mismo que estuvo marcado por incidentes en la capital por tercero de 89 días de manifestaciones contra una reforma tributaria.
El documento lo realizó una comisión investigadora de la cartera e incluye:
- Descripción de hechos
- Entrevistas
- Cuadro fáctico
- Sinopsis
- Recomendaciones a las partes
Dichos detalles los confirmó a El Observador la oficina de prensa de Justicia. Asimismo, se detalló que el documento se le envió al vicerrector de Administración, Carlos Araya.
Este último señaló, a través de su secretaria, que tiene en su poder el archivo desde el 4 de octubre de 2019.
También indicó que hasta ahora no ha podido conversar al respecto con la ministra del ramo, Marcia González, por lo que prefirió no ofreció información sobre el contenido del informe hasta ese momento.
Esa postura la comparte la cartera.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, explicó ante la consulta de este que él pidió ser excluido del foro encargada del análisis ya que su participación sería totalmente parcial.
Agitación social
Ese 12 de setiembre de 2018, San José recibió una nutrida marcha de sindicalistas que pedían se rechazara el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Las protestas se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa — donde se discutía la propuesta — donde incluso se registró un incidente que derivó en la detención de dos hombres.
Por la noche, estudiantes bloquearon el paso en la principal vía de acceso a San Pedro, a la altura del parque John F. Kenedy.
Una vez que el tranque se disolvió, la policía hizo uso de la fuerza al detener a los presuntos involucrados.
Así es como dio inicio un enfrentamiento entre protestantes y agentes de la Fuerza Pública, que llevó a estos últimos a ingresar a la sede Rodrigo Facio, de acuerdo con una publicación del Semanario Universidad, escrita por el periodista Javier Córdoba. Él y otra reportera de El Mundo CR, Karla Pérez, resultaron agredidos por policías durante la cobertura de la protesta.
El rector de la Universidad, Henning Jensen, tardó poco para repudiar la invasión debido a que, a su criterio, se violentaron los protocolos para la coordinación con la seguridad interna.
Un día después, el propio académico participó de una manifestación estudiantil y sindical, que acabó con un reunión del mandatario Carlos Alvarado, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las federaciones de alumnos de las casas de enseñanza superior del Estado.
Actuación arbitraria
Las agresiones de un oficial de la Fuerza Pública a dos periodistas fueron de conocimiento de Sala Constitucional; debido al estudio de un hábeas corpus interpuesto por Javier Chaves, del Semanario Universidad.
El tribunal falló en favor del comunicador y resolvió que cualquier persona “filmar en vía pública el desempeño de la policía”.
Los magistrados dieron cuenta de que Córdoba estaba grabando las protestas de forma pacífica y sin interferir en las labores de los oficiales. Pese a ello, un agente se abalanzó contra él “con la clara intención de obstaculizar la filmación que lleva a cabo, afectando su cuello y cara, generando que caiga al suelo, momento en el cual intenta golpearlo con su vara policial”, según los altos jueces.
Una vez que el periodista se identificó, la agresión cesó. Aún así, la resolución consideró que la actuación del policía resultó “a todas luces injustificada y por lo tanto arbitraria”.
Paulo Villalobos
