Tomás Gómez
Las fianzas que garantizaban la libertad a los propietarios de las empresas H Solís y Meco, deberán ser devueltas por el juzgado penal, luego de que a ambos se les volvió a llevar a celdas.
“Procede la devolución de la fianza que en su momento fue otorgada a favor del Juzgado Penal”, dijo Erick Gatgens, abogado de Mélida Solís.
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Aunque hasta el viernes los defensores de los imputados del Caso Cochinilla se mostraban seguros de que la Fiscalía no lograría revertir las medidas alternativas a la prisión, el lunes a primera hora la situación cambió.
Aunque la mayoría de reclamos de las partes fracasaron hubo un giro radical respecto a las prisiones preventivas.
Según el juez Hugo Porter, las garantías ofrecidas por los investigados eran insuficientes. Por ello, exigió volver a dimensionar el nivel socioeconómico de los imputados. Además pidió ver su poder y las posibles penas que tendrán en caso de ser declarados culpables.
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“Si aquellos tomaran la determinación de huir del país, y las garantías inmuebles fueran reclamadas por el Estado, de conformidad con lo establecido en el numeral 252 del Código Procesal Penal, estaría liquidando minúscula parte del beneficio económico presuntamente
ilegal que obtuvieron las empresas de los imputados”, sentenció el juez.
Así, fue cuestión de minutos para que los investigados fueran requeridos para su encarcelamiento. Incluso se dictó una orden de detención.
