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La OEA ante la disyuntiva de suspender a Nicaragua o abstenerse

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La Organización de Estados Americanos (OEA) apura los cartuchos de la diplomacia frente a la Nicaragua de Daniel Ortega, debatiéndose entre quienes se impacientan y piden pasar de las palabras a los actos y quienes optan por la cautela o incluso defienden al gobierno nicaragüense.

El domingo,Ortega ganó las elecciones para un cuarto mandato consecutivo tras haber apartado a los opositores que podían hacerle sombra: unos están encarcelados y otros se exiliaron.

Desde las protestas de 2018, que pedían la dimisión de Ortega y se saldaron con cientos de muertos, se han ido sucediendo las detenciones.

La OEA lleva tiempo llamando a Nicaragua a respetar los derechos humanos y adoptó dos resoluciones en las que pedía la liberación “de los presos políticos” y unos comicios “libres y justos”.

En la resolución aprobada en octubre advertía a Managua que en la asamblea general inaugurada este miércoles podría tomar “otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana”.

Por “otras acciones” se entiende una eventual suspensión.

El proyecto de resolución impulsado el miércoles por ocho países: Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda, pide al Consejo Permanente que haga “una evaluación colectiva inmediata (…) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”. Es decir, da un paso en esa dirección pero con un margen de maniobra.

Una eventual suspensión no aislaría completamente a Nicaragua a nivel internacional “porque el régimen de Ortega cuenta con el apoyo de varios países que no son miembros de la OEA, los cuales, presumiblemente, continuarán dándole soporte diplomático,  económico, comercial y financiero”. Así lo afirma a la AFP Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y director interino del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe Kimberly Green.

“Está por verse -añade- la actitud que asumirán” algunos países a la hora de votar, entre los que cita a Argentina, Brasil, El Salvador y México.

Parte de la comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, considera que los comicios nicaragüenses fueron una farsa.

Rusia, Cuba, Bolivia y Venezuela respaldan, por el contrario, a Nicaragua, cuyo embajador ante la OEA, Arturo Mcfields Yescas, sostuvo que en su país “se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones”.

¿Fracaso diplomático? 

La no suspensión de Nicaragua en la OEA “sería un fracaso de la comunidad internacional”, apunta Joel Martínez, analista del Center for American Progress.

Si la OEA aumenta la presión sobre el gobierno nicaragüense esto fortalecería los esfuerzos de la comunidad internacional “para no darle reconocimiento a su nuevo mandato y anunciar e implementar medidas coercitivas”, añade.

En junio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados.

En el supuesto de que se decidiera la suspensión, el país debería seguir cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos y la OEA continuaría trabajando para el restablecimiento de la democracia en el Estado suspendido.

Solís resalta la dificultad de inducir a un país a acatar sus obligaciones internacionales si se niega “de manera reiterada, desafiante y tozuda”. Por eso considera más eficaz que la negociación corra a cargo de organizaciones humanitarias apolíticas, de una personalidad que no esté vinculada a Nicaragua, como un premio Nobel o una figura artística o deportiva, o incluso de alguien que simpatice con la causa de Ortega y precisamente por ello tenga un cierto “poder de convocatoria”.

En cualquier caso, la OEA enfrenta un quebradero de cabeza diplomático de desenlace incierto.


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