Paula Ruiz
Las auditorías realizadas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) advirtieron sobre el recibimiento por parte del Conavi y el MOPT de obra públicas con incumplimientos de contrato por parte de las constructoras.
Así lo destacó Alejandro Navas, director de Lanamme, quien indicó que en muchas ocasiones advierten a las instituciones públicas sin que estas hagan las observaciones al contratista.
Lo anterior trascendió durante su audiencia, de este jueves, en la Comisión Especial legislativa del Caso Cochinilla.
Navas informó sobre aspectos tales como incumplimiento de especificaciones técnicas indicadas en el cartel, baja calidad en los materiales y casos como colocación de mezcla asfáltica bajo la lluvia lo cual repercute en daños a mediano plazo.
“La auditoría técnica es oportuna, siempre se envían los oficios antes de que salga el informe final y eso les permitiría hacer correcciones”, dijo Navas.
No obstante, el representante de Lanamme admitió que en la práctica no se hacen las correcciones.
“Lanamme cumple con entregar productos y lamentablemente no siempre se toman en cuenta.
“Son insumos valiosos para administración para mejorar proyectos, carteles, estudios preliminares, pero son cosas que se han venido diciendo a través de los años y no se implementa”, respondió.
Una de las obras que se cuestionó fue la de Garantías Sociales por un precio de $17 millones.
El caso de Garantías Sociales
Una de esas obras es la reciente entrega de la rotonda de las garantías sociales, que tuvo lugar en marzo del 2020 con un costo de $17 millones.
Según Navas, se advirtió sobre aspectos que posteriormente se reflejan en la estructura del pavimento. Por ejemplo, la filtración del agua a través de las grietas.
Además, amplió que esto genera un daño a los vehículos. Lanamme no tiene cuantificada la repercusión económica por la entrega de obras con estas observaciones.
Ganan los mantenimientos
Ahora bien, Navas expuso un posible conflicto de intereses, porque -dijo- las empresas que entregan las obras pese a los incumplimientos luego se encargan del mantenimiento de estas vías.
“No (es sana esta práctica) y especialmente si es el mismo proyecto. Es usual y es una práctica histórica”, reconoció el jerarca.
“¿Podríamos inferir que es un negocio construir mal para luego ir a hacer la conservación, se podría interpretar que no se hace a propósito bien?”, cuestionó el independiente Jonathan Prendas.
“No me atrevería (a aseverar eso) pero, sí un conflicto de interés que el mismo que construye es el mismo que luego repara”, agregó Navas.
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Por otra parte, al jerarca se le cuestionó por el responsable de recibir obras aún cuando no cumplen con lo solicitado.
Navas reconoció que en este caso sería la administración pública a través de la dirección ejecutiva de Conavi y el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Eso sí, no indicó que dichos jerarcas incurran en incumplimiento de deberes, pues desconoce aspectos de índole legal en este caso.
¢2.000 millones menos
Otro de los temas que se trató durante la audiencia tienen que ver con el recorte presupuestario de ¢2.000 millones sufrido por Lanamme para este 2021.
Navas detalló que gestionaron un presupuesto extraordinario por ¢900 millones ante el MOPT sin que aún se haya incorporado en algún plan extra de dinero.
Justamente, es la Asamblea Legislativa quien aprueba esos presupuestos extraordinarios. Diputados como el oficialista Enrique Sánchez, se comprometieron a buscar vía moción esa aprobación cuyo trámite es en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Ese foro legislativo discute actualmente el cuarto presupuesto extraordinario y por lo tanto, Prendas advirtió incluso que a Lanamme se le deben de reincorporar los ¢2.000 millones rebajados.
Navas explicó que los recortes repercuten en disminución de trabajos de fiscalización en un 40%, investigación y mantenimiento de equipamientos.
“Afecta presencia en proyectos, la cantidad de ensayos que se hacen y hemos tenido problema personal que ha salido y no lo hemos repuesto, hay unidades que se han debilitado pero no tenemos capacidad de contratar nuevos”, advirtió.
Los diputados temen que dicho recorte se haya impulsado para frenar las labores de fiscalización del Laboratorio.
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