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Las penas que esperarían a investigados en allanamientos del lunes (y como podrían evitar la cárcel)

La semana inició con 57 allanamientos simultáneos en los que las autoridades investigan supuestos favorecimientos irregulares a partir de la…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Las penas que esperarían a investigados en allanamientos del lunes (y como podrían evitar la cárcel)
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La semana inició con 57 allanamientos simultáneos en los que las autoridades investigan supuestos favorecimientos irregulares a partir de la contratación de obras públicas.

Oficinas, casas particulares, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y hasta la Casa Presidencial formaron parte de la agenda de investigaciones.

El caso se sigue bajo el expediente 19-000025-1218-PE y según la Fiscalía Anticorrupción los supuestos delitos son:

  • Cohecho propio: ocurre cuando un funcionario público recibe dádivas o ventajas por hacer un acto contrario a sus deberes o dejar de cumplir sus obligaciones. Según el artículo 348 del Código Penal la sanción va de 2 a 6 años de cárcel y una prohibición de 10 a 15 años para tener cargos públicos.
  • Tráfico de influencias: la Ley contra la Corrupción la condena con penas de 2 a 5 años de cárcel. Para configurarse, el artículo 52 de la ley pide que una persona influya sobre un funcionario público para “retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones”, generando así ventajas económicas para sí mismos u otros.
  • Estafa: ocurre cuando se mediante hechos falsos, desinformación u ocultamientos se lesiona el patrimonio de otras personas. En el artículo 216 del Código Penal se establece que la pena es de 2 meses a 3 años de cárcel si el monto defraudado es menor a 10 salarios base y de 6 meses a 10 años en los montos superiores.

Ventaja de las penas bajas

En caso de haber condenas, el derecho procesal penal podría ayudar a los eventuales condenados.

Todos los delitos tienen penas mínimas menores a 3 años, lo que habilitaría aplicar la “ejecución condicional de la pena”.

Este beneficio se regula en los artículos 59 y 60 del Código Penal y consiste en evitar la cárcel para las sentencias que impongan menos de 3 años de encierro.

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Para concederlo, la ley pide a los jueces valorar aspectos como el arrepentimiento y deseo de reparación que muestren los condenados.

Además, se exige que los beneficiaros no tengan antedentes penales.

Por segunda vez en año y medio, la Casa Presidencial fue allanada, ahora para investigar al asesor Camilo Saldarriaga. El funcionario renunció al final de la tarde del lunes. (Tomás Gómez/El Observador)

Funcionarios son mayoría de detenidos

Aunque la lista de investigados incluye hasta 72 personas, son 29 las que quedaron detenidas este lunes.

El grupo se divide entre 11 particulares y 18 funcionarios, confirmó la Fiscalía.

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Tras los allanamientos, cada uno de estos sospechosos será pasado a los juzgados para completar los trámites de imputación.

La Fiscalía advirtió, además, que “no descartan la detención de otros imputados en las próximas horas”.

Conavi, localizado en San Pedro, fue uno de los puntos allanados donde se reportó más intensidad (Krissia Morris/El Observador)