Hermes Solano
Después de 10 días de audiencia, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó levantar las medidas cautelares a los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, dueños de las empresas MECO y H. Solís.
Ambos cumplían arresto domiciliario con monitoreo electrónico desde hace 6 meses, cuando salieron de la prisión preventiva.
Así lo confirmó el abogado Erick Ramos, defensor de Cerdas, así como el defensor de Solís, Erick Gatgens.
El representante legal del empresario afirmó que el juez acogió la gestión de la defensa y sobre todo, determinó que no existe el daño patrimonial de ¢78.000 millones de colones que la Fiscalía utilizó como hipótesis en la investigación.
Esa es la cifra que según la hipótesis judicial quedó de laguna financiera luego de los supuestos movimientos achacados a decenas de funcionarios públicos a cambio de las más diversas dádivas.
Como lo señaló desde el día de los allanamientos el director del OIJ, Walter Espinoza, no se trata de un monto que haya sido robado sino que pudo haberse manejado mal.
“Hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria generada por esos traslados irregulares que rondan los 78.000 millones. Eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído sino que lo han malversado”, dijo Espinoza el 14 de junio de 2021.
Sin embargo, según Ramos, el juez desestimó esa situación y de ahí la eliminación de las medidas cautelares.
“El famoso daño de 78.000 millones, que era el caballo de batalla de la Fiscalía ha sido superado y expresamente, el juez determinó que ese daño es inexistente”, dijo el abogado.
De inmediato
Tanto Cerdas como Solís recuperarán su libertad de inmediato. La audiencia aún se mantiene en curso en el Segundo Circuito Judicial de San José.
Ramos le indicó a El Observador de manera reiterada, que con la decisión del juez queda en evidencia que las cosas se sobredimensionaron y hubo ineficiencia por parte del Ministerio Público en la investigación.
El informe preliminar pericial forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que para los años 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 permite establecer un déficit de ¢78.786,2 millones.
“Este tema del daño fue deformado, dando un panorama distorsionado a la opinión pública, generando un daño a nuestros clientes”, mencionó el abogado de Cerdas.
El Caso Cochinilla reventó en junio del año anterior, en el que están involucrados 78 personas, entre funcionarios públicos que trabajaban en Conavi, así como empresarios e intermediarios.
Según Ramos, el proceso continuará, porque ahora el Ministerio Público apelará la decisión del juzgado sobre la eliminación de las medidas.
La Fiscalía había solicitado extender por 9 meses más la medidas cautelares tanto para Cerdas, como para Solís.
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