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Ley de Empleo Público: Avanza a paso lento pero seguro en la Asamblea Legislativa

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El proyecto de Ley sobre Empleo Público, que fue presentado en abril anterior por el Poder Ejecutivo, fue puesto en pausa para avanzar en el de modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Sin embargo, el 9 de agosto vence el periodo para ese dictamen, lo cual le abre nuevamente la puerta a la iniciativa de empleo público.

En su camino legislativo, esta iniciativa ya tuvo un par de audiencias en la Comisión de Gobierno y Administración, donde se analizará en primera instancia. Ahí ya hubo un intercambio de criterios con Pilar Garrido, Ministra de Planificación.

Con este proyecto se busca poner orden en materia salarial en el sector público, por eso, se habla de un salario único para frenar los pluses salariales.

Así las cosas, se propone que los nuevos trabajadores ingresen con un salario más alto que el base, pero sin recibir pluses que disparen su remuneración. El único que habrá, tiene relación con el incentivo de excelencia y recibirán un 10% del salario, aunque solo el 3 de cada 10 empleados lo obtendrían.

Los diputados creen que a la cita por empleo público, deben acudir todas las voces posibles, entre ellas, jerarcas sindicales y de la Iglesia Católica.

Viacrucis legislativo

El proyecto no fue convocado por el Poder Ejecutivo en la primera lista enviada al Congreso, para el periodo de sesiones extraordinarias.

Sin embargo, desde Casa Presidencial se puede convocar en cualquier momento. Si eso sucede, entrará en etapa de audiencias, donde diputados prevén visitas de todos los sectores ligados al proyecto.

El socialcristiano Erwen Masís y el liberacionista Luis Fernando Chacón, coinciden con que al foro deben de asistir sindicatos, empresarios, cámaras, Ministros de Gobierno, así como otras voces como la Iglesia Católica.

“La Iglesia ha contribuido como mediados histórico y genera respeto histórico, yo estaría intentado presentar moción para que comparezcan ellos”, dijo Masís.

Cuando terminen todas las audiencias, se proceden a recomendar cambios vía moción para llegar al dictamen.

Luego, iniciará su camino en el Plenario, donde también debe purgar mociones de todos los diputados, debates y su votación.

Aunque Masís visualiza un avance pausado de la propuesta, Chacón sí vislumbra que mucho antes de diciembre, la Comisión lo haya dictaminado.

Las opiniones

El oficialismo tiene interés en la propuesta, pues viene desde el Poder Ejecutivo. En el fondo, los diputados concuerdan en la necesidad de equiparar la balanza entre ingresos y gastos del Gobierno.

En abril Garrido declaró que los beneficios económicos se empezarían a visualizar a partir del año número 18 de ejecución de la Ley.

Entre el año 18 y el 33 de vigencia, el país ahorraría un total de un billón de colones.

Víctor Morales, exjefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) quien ahora funge como Ministro de la Presidencia, reconoció la importancia gubernamental sobre empleo público.

“Desde luego que lo tenemos en la agenda, solo que tuvo que suspenderse su conocimiento en virtud que se está viendo el proyecto de Japdeva. Esta iniciativa tiene tiempo para dictaminarse el 9 de agosto y después de eso, empleo público seguirá ahí, es un tema importante que tenemos que discutir”, detalló Morales.

Chacón y Masís coinciden con el oficialista, pues de no tocarse el tema y buscar soluciones, creen que otras instituciones podrían verse ante el mismo panorama de Japdeva hoy en día: al punto de la quiebra y en busca de dinero para sostener salarios.

“Es un proyecto necesario, es importante que tenga un punto de equilibrio porque no se puede estrujar al trabajador costarricense pero también, tiene que ver con que el trabajador no estruje al resto del país en beneficio propio, con esto, quiero decir que también se tiene que hablar de las convenciones colectivas”, manifestó el liberacionista.  

El proyecto de empleo público también busca cambios en el reclutamiento, donde se harán exámenes específicos según la profesión; mientras en convenciones colectivas cuando se quiera crear un nuevo incentivo, deberá tener el aval de la Asamblea Legislativa.

También otorga la posibilidad al Estado de hacer más ágiles los despidos, pues un trabajador con una calificación menor a 70, puede ser despedido sin responsabilidad patronal.


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