Tomás Gómez
La serie de detenciones de alcaldes y regidores generada por el Caso Diamante reactivó las dudas sobre si es posible retirar del cargo a los políticos que enfrenten procesos ante la justicia.
De manera tajante, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) responde que la única manera de retirar las credenciales sería una condena en firme que como parte de sus sanciones congele los derechos políticos a la persona.
Antes de eso, los dirigentes podrán conservar su cargo sin importar cuan graves sean las acusaciones o las medidas cautelares que enfrenten.
OBSERVE MÁS: Figueres asegura que alcaldes liberacionistas detenidos estarán fuera de su campaña
Incluso, un alcalde podría estar en prisión preventiva y despachar desde la cárcel. Otra medida posible es que se les impida a las personas no acercarse a su lugar de trabajo -en este caso las municipalidades- y aún así no sería posible destituirles.
“Solo correspondería la eventual cancelación de credenciales en el caso de que una sentencia firme dictada por alguna autoridad judicial determine la suspensión de los derechos políticos o de ejercicio de cargos públicos por parte de un funcionario de elección popular”, explicó Andrei Cambronero, letrado del TSE.
A manera de ejemplo, Cambronero narró el caso que se enfrentó con una regidora que enfrentaba prisión preventiva.
Dado que la mujer no podía asistir las reuniones del Concejo Municipal se intentó destituirla, pero la jurisprudencia determinó que las faltas no podrían considerarse como ausencias injustificadas pues a la persona la cobijaba el principio de inocencia.
Partidos dividen sus posturas
Tras el estallido del Caso Diamante, las agrupaciones a las que pertenecen los políticos detenidos han optado por tomar distintas medidas.
El candidato liberacionista José María Figueres dijo que los alcaldes verdiblancos implicados serían separados de la campaña. Johnny Araya de San José, Humberto Soto de Alajuela, Alberto Cole de Osa y Alfredo Córdoba de San Carlos son del PLN.
Nueva República, que se vio salpicado por la detención del presidente del Concejo de Golfito, Gustavo Mayorga, pidió al dirigente su separación.
OBSERVE MÁS: Operación Diamante: OIJ detiene a regidor de Nueva República en Municipalidad de Golfito
En la Alianza Demócrata Cristiana -del alcalde cartaginés Mario Redondo-, el candidato Christian Rivera dijo que el líder partidario debería rendir cuentas.
“La justicia debe ser el faro y los cimientos de nuestra democracia, aquí no se trata de lágrimas ni de pedir perdón, se trata de un Estado de Derecho que sea igual para todos“, indicó.
Finalmente, Sergio Mena de Nueva Generación, dijo que no darían declaraciones por la imputación de Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú que milita en la agrupación.
