Hermes Solano
La “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, que presentó el presidente Rodrigo Chaves este miércoles en la Asamblea Legislativa y al que se le asignó el expediente 24.364, se resume en tres grandes temas.
El Gobierno busca llevar el texto a referéndum para que la población decida si se aprueban o no las reformas.
Una de ellas se relaciona a cambios en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, limitando su radio de acción.
También pretende reformar el artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa, con lo que se busca acelerar la construcción de Ciudad Gobierno, frenada precisamente por el órgano contralor.
Por último, se quieren ampliar las potestades de Japdeva.
Así se resume el proyecto de ley, convocado ya a sesiones extraordinarias y que se une al expediente 23.365 que es la convocatoria al referéndum para que se apruebe o impruebe.
Sobre la Contraloría
Respecto a las reformas a la Ley Orgánica de la CGR, hay dos artículos donde limita las potestades de ésta: uno el artículo 12 y otro el artículo 22.
En el 12 se señala que la Contraloría “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa”.
“Ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”, añade.
Mientras tanto, el artículo 22, que habla de la potestad de investigación, indica que ante algún procedimiento de este tipo no se suspenderán los procesos.
“En ningún caso el ejercicio de esta potestad suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso”, dice el texto.
Contraloría General de la República. (Foto Archivo/El Observador)
Sobre Ciudad Gobierno
Actualmente en el Congreso se tramita el expediente 24.099 que busca reformar los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Administrativa, con el que se quiere aligerar el proceso para la construcción de Ciudad Gobierno y el futuro de otras obras de infraestructura.
En la Ley Jaguar se menciona solamente la reforma al artículo 67, que quedaría de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 67- Compra y arrendamiento de bienes inmuebles. La Administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios”.
“La modificación que se plantea busca dar claridad total al uso de la figura de arrendamiento operativo y así evitar interpretaciones fuera del contexto de la ley hoy vigente como la hecha por la Contraloría General de la República que frenaron el avance del proyecto Ciudad Gobierno”, señala el texto.
“La Administración podrá adquirir o arrendar inmuebles tanto por construir, en proceso de construcción o construidos sobre terrenos públicos, de acuerdo con el interés público y que, en estas compras o arrendamientos, la Administración podrá incluir servicios de diseño, construcción y obra que se requieran para la mejor consecución del bienestar general”, añade.
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Los proyectos se presentaron este miércoles. (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Tema Japdeva
Para finalizar, el expediente busca modificar un artículo de la Ley Orgánica de Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Lo que se busca es que la institución “pueda desarrollar Alianzas Estratégicas, el plazo de estas y los mecanismos para determinar los términos y condiciones generales de estas alianzas”.
“Con la reforma planteada, no cabrá interpretación o duda alguna de que Japdeva haciendo uso de su Ley Orgánica y del mecanismo de alianza estratégica estipulado en esta norma, puede desarrollar proyectos de infraestructura del calibre como la Terminal de Cruceros y Marina de Limón”, indica.
Esto tiene que ver con el proyecto que también frenó la Contraloría General y que Chaves reclamó en abril en una actividad en la provincia de Limón.
El expediente fue convocado a sesiones extraordinarias para que empiece el trámite en la corriente legislativa.
