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Ley marco de Empleo Público y las competencias laborales

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Tiempo de Lectura: 2 minutosFrancisco Soto para El Observador

Cuando vamos a realizar un trámite a una institución del Estado, con frecuencia recibimos un servicio público con deficiencia y baja calidad.

Esto a pesar de que la Constitución Política indica en el artículo 191 que “un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”.

Asimismo, el artículo 192 establece como principio general la idoneidad comprobada para el puesto del empleado público.

Sin embargo hay una distorsión entre la eficiencia y la eficacia en los procesos, los tiempos y los resultados, lo que evidencia una brecha en las competencias laborales.

La OCDE en enero 2019 emitió los 14 principios para un servicio público adecuado para todos sus países miembros. El punto 8 recomienda “Desarrollar las habilidades y competencias necesarias creando una cultura de aprendizaje y un entorno en el servicio público”. Con esto las competencias laborales son esenciales para el desarrollo de las economías.

Idoneidad del servicio público

En las últimas semanas hemos leído y oído información sobre el proyecto de ley N° 21336 “Ley de empleo Público”. Con este el Gobierno busca una estabilidad macroeconómica y poder cubrir las necesidades de financiamiento que tendrá la próxima administración.

Pero el proyecto más allá busca una mejora en la calidad del servicio público, como lo indica: “El Estado debe regular la relación con las personas servidoras públicas, bajo normas y principios generales que rijan a toda la institucionalidad pública… procurando en todo momento, la satisfacción del interés público, garantizando a la ciudadanía que reciba bienes y servicios con calidad y oportunidad”.

Este es un cambio cualitativo en la administración del servidor público. Esto porque deberá demostrar la idoneidad en su puesto; es decir, reunir los méritos como atestados o formación, competencias y experiencia necesarios el puesto, en pocas palabras demostrar sus competencias laborales.

El crecimiento del servidor público ha estado viciado desde hace mucho tiempo. Personas que, solo por mejorar sus atestados o formación y muchas veces pagada por el mismo Estado, tienen mejor remuneración sin que exista garantía que la formación impacte en el servicio ofrecido.

El proyecto de ley ayuda a corregir esta distorsión, ahora los profesionales que se postulen a un puesto deberán realizar una prueba para la comprobación de sus conocimientos, capacidad analítica y competencias y las personas no profesionales a una prueba de competencias.

Una ventana al futuro

Las competencias laborales no solo van a ser claves en la mejora de la calidad en el sector privado. También serán importantes en el sector público y habrá grandes beneficiados en el futuro.

Primero, las personas contratadas ya que podrán optar por la mejor opción según competencias laborales. Y el ciudadano o consumidor al poder recibir un servicio publico o privado de calidad.

Solo nos queda esperar que el proyecto de ley termine su trámite, esperando que mantenga el principio de evaluación de las competencias o competencias laborales.

Esto para que el país sea más transparente y justo en la contratación y desarrollo de los servidores públicos. Pero principalmente que genere igualdad de condiciones con un empleado que labora en el sector privado por sus competencias laborales.


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