Tomás Gómez
Noticia en desarrollo. Actualizado con declaraciones de diputados a las 6:21pm
NTras 48 horas de cuestionamientos, por fin hubo humo blanco, los diputados cambiaron sanciones y otros elementos, para darle, de nuevo, primer debate al proyecto de ley que sanciona a las personas jurídicas envueltas en casos de sobornos a funcionarios públicos.
No se cumplieron tres días luego que el plenario aprobara con 43 votos el plan de ley que establecía multas de hasta 10 mil salarios base (cada salario base ronda los ¢460 mil), tanto para empresas grandes como para pequeñas y medianas (Pymes).
Puesta la alerta por parte de diputados como Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional (PLN), el plenario determinó echar atrás en la votación del segundo debate, para modificar el texto y darle razonabilidad.
De ahí que luego de extensas reuniones y discusiones que calentaron desde anoche, para la tarde de este jueves el plenario aprobó una moción para “retrotraer” el plan de ley y cambiarlo, de manera que se crea una excepción en la aplicación de las multas para sancionar a las Pymes, y se descartó modificar los términos del comiso, establecidos en el Código Penal.
Antes de los cambios, el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo planteaba la posibilidad de realizar comisos “preventivos”, es decir, antes de que pesara una sentencia judicial, se pudieran quitar activos a las empresas cuestionadas, lo que rozaba el marco de legalidad.
De esta forma, se crea una categoría para las Pymes que serán sancionadas con multa de entre 30 y 200 salarios base, y se mantienen las sanciones de mil y hasta 10 mil salarios base para las grandes empresas.
OCDE de por medio
Así lo describió el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, una vez finalizada la votación en la que los 53 diputados presentes dieron luz verde a los cambios al proyecto de ley que forma parte de la agenda de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Con la votación de esta tarde, el texto se modificó y se dio por discutido, de nuevo, en su primer debate, por lo que está a la espera de su segunda y definitiva aprobación el próximo lunes.
A lo largo del proceso, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) insistió en que la fecha límite para tener aprobado el texto era precisamente el 10 de junio, con lo cual la agenda estaría avanzando.
Diputados satisfechos, pero con dudas
Desde las horas previas a la votación del lunes, el diputado socialcristiano Pedro Muñoz lideró un intento para hacer cambios en la normativa votada que ese día encontraron eco solo en dos compañeros de fracción suyos.
Hoy, tras la votación unánime, Muñoz destacó que quedó “más tranquilo que el lunes”, pero insistió en que el proyecto sigue sin dejarlo satisfecho.
“El lunes en el segundo debate voy a señalar algunos errores graves que sigue teniendo. Yo creo que esto se va a caer en la Sala Constitucional”, agregó. “Quedo tranquilo porque yo les advertí”, agregó.
En la misma línea opinó José María Villalta del Frente Amplio, quien mantiene reservas sobre la suerte que el texto correrá en la Sala IV y lo calificó como “una apuesta arriesgada” ante la jurisprudencia de Sala que niega la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Según Villalta, las reformas estarían debilitando la ley pero que es mejor que las actuales para combatir la corrupción.
Finalmente, Carlos Ricardo Benavides celebró lo logrado. “Fue una negociación muy intensa entre las distintas fuerzas hasta que al final el producto es un consenso absoluto”, indicó.
