El anhelado bloqueo de la señal celular en las cárceles sigue sin convencer a los diputados.
Aunque el Ministerio de Justicia asegura que el proceso avanza, el decomiso de 2.000 teléfonos en lo que va del año y creciente número de denuncias por estafas genera preocupación.
En ese escenario, la legisladora del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, presentó un proyecto de ley para crear el delito de “introducción de aparatos de telefonía y telecomunicaciones en los centros de detención”.
Diferentes castigos
La iniciativa de Acuña introduciría nuevas sanciones según el perfil de quienes introduzcan dispositivos electrónicos de comunicaciones o las partes que permitan su ensamblaje o funcionamiento.
Así, los castigos serían:
- Funcionarios carcelarios: tendrán impedimentos de 3 a 5 años para ocupar cargos en la administración pública
- Contratistas: perderían su derecho a hacer negocios con el Estado por el mismo plazo.
- Otras personas: deberán cancelar una multa de 10 salarios base y no podrán ingresar como visitantes a los centros penales a lo largo de un año.
Acciones insuficientes
A los teléfonos decomisados este año se suman otros 8.000 incautados desde el 2010.
Al respecto, la diputada Acuña plantea que las acciones correspondientes al Gobierno deben acompañarse de normas más exigentes.
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“Muchas y sustantivas acciones pueden formularse y ejecutarse desde el Poder Ejecutivo, como por ejemplo la colocación de escáneres para la revisión del ingreso a los centros, pero también se estima necesario contar con normativa que sancione a las personas que ingresan aparatos electrónicos”, anotó.