Tomás Gómez
Mientras los empleados privados sortean el golpe económico de la COVID-19 con suspensión de contratos, reducción de jornadas y despidos muchos ponen los ojos sobre los salarios del sector público en medio de la crisis.
Entre otras medidas se pide replicar el congelamiento y recorte de jornadas pero también se sugirió la derogatoria del salario escolar en el sector como un medio para capitalizar las finanzas públicas y dar soporte a los subsidios por desempleo.
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La idea fue presentada a inicios de la semana anterior por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y según la Ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, Pilar Garrido, la idea está en valoración, como lo están otros planteamientos hechos por los sindicatos y las universidades.
Sin decisiones tomadas por el momento, Garrido adelantó que cualquier afectación salarial a los burócratas pasaría por “los valores de la equidad, la solidaridad y la justicia social”, a lo que se deberá sumar el amplio entramado jurídico del país, que suele ser bastante proteccionista en cuanto a derechos laborales.
Cosas del mundo jurídico
Los abogados laboralistas Marco Durante y Ronald Gutiérrez de la firma BDS explicaron a El Observador que para analizar una reforma en el tema del salario escolar de los empleados públicos es necesario empezar por una serie de precisiones:
- Origen: el salario escolar se estableció por vía decreto para el Gobierno Central en 1994 y otros entes fueron adoptando su implementación más adelante.
- El marco legal: el decreto rige solo para esta parte del sector público, en otros órganos como instituciones autónomas puede estar respaldado por vías como convenciones colectivas.
- La naturaleza del pago: el salario escolar fue creado como un aumento salarial pagado de manera diferida y concentrada en el mes de enero y no como un plus. Legalmente, pues, estamos ante parte del salario integral con alta protección legal.
Todos estos elementos amplían el margen de análisis requerido para llegar a una medida como la derogatoria del decreto.
“¿Podría eliminarse un decreto que sustenta parte del salario? La respuesta nuestra inicialmente es no, el salario escolar que nace en el año de 1994 se trataba de un aumento al salario pagado en forma diferida, por lo que si se quisiera eliminar esa figura se estaría tocando el salario”, indica Durante.
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“Es fundamental que la gente entienda que el salario es un elemento fundamental dentro de cualquier relación laboral, por ende cualquier modificación que se pretenda realizar y ahí es donde entra el cuestionamiento de si se está afectando ese elemento y derechos del trabajador”, agregó Gutiérrez.
Los expertos coincidieron en que por el contexto en que nación se trata de un tema complejo y que es fundamental recordar que por sus distintos orígenes en cada institución, quitar el decreto no implica dejar de pagar el monto a miles de personas.
De momento, teletrabajo y salarios íntegros
En medio de la pandemia, los salarios del sector público y sus pluses se han mantenido constantes.
Como única medida se anunció la cancelación del aumento salarial del 2020 para los funcionarios del Gobierno Central -es decir quedan excluidas las instituciones autónomas y los otros poderes-, el cual solo se mantendrá vigente para los cuerpos policiales.
Adicionalmente, se giraron instrucciones para que cerca del 80% de la planilla pública se sume al teletrabajo como medida preventiva.
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