Hermes Solano
Hace una semana el Banco Central, a través de su presidente, Rodrigo Cubero, dio a conocer que la “ley de usura”, aprobada en 2020 excluyó a 180.000 clientes del sistema financiero formal.
A estas personas les cerraron las tarjetas de crédito por no cumplir con los requisitos que la ley otorgó y obligó a las entidades financieras cumplir.
“Justamente es lo que siempre advertimos que iba a ser el efecto indeseado de esta ‘ley de usura’. Siempre advertimos que esa ley iba a genera exclusión financiera”, dijo Cubero.
El Observador consultó la opinión de varios de los candidatos presidenciales, principalmente aquellos que encabezan la intención de voto en las diferentes encuestas, incluida la de Demoscopía para este medio.
Una semana después de intentar tener una reacción, ni Lineth Saborío del PUSC, ni Fabricio Alvarado de Nueva República se pronunciaron.
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Ambos callaron ante el tema.
Este viernes se reiteró la consulta a los dos aspirantes a través de sus encargados de comunicación; sin embargo, al cierre de la nota tampoco hubo respuesta.
Las dos tendencias incluso ofrecieron respuesta a través de Jonathan Prendas, jefe de campaña de Alvarado y de alguno de los candidatos a vicepresidentes del PUSC.
Sin embargo, tampoco hubo respuesta a la consulta.
La nueva ley podría excluir a los sectores menos privilegiados del acceso al crédito o enviarlos a mercados informales, según expertos en temas financieros. (Alonso Solano | El Observador)
¿Con quién se financian?
Al no tener acceso al crédito a través de tarjetas y probablemente tampoco con préstamos personales, estas personas podrían caer en la informalidad.
Las llamadas “garroteras” o los préstamos “gota a gota” surgen como alternativas para esta gente, lo que preocupa a otros candidatos.
Así lo hizo ver Eli Feinzaig del Liberal Progresista, quien dijo que siempre advirtió de las consecuencias.
“Es el producto de una ley mal diseñada, que se aprobó sin entender las consecuencias, a pesar de que múltiples personas lo dijimos”, señaló Feinzaig.
Casi que el mismo criterio se dio desde el PLN, donde aseguraron que se debería revisar el alcance de la ley a pesar de que José María Figueres apoyó y celebró cuando la Asamblea Legislativa aprobó la ley.
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Por su parte, Welmer Ramos, candidato presidencial del PAC y quien fue el propulsor del proyecto junto a David Gourzong del PLN, defendió la situación.
El candidato del partido de gobierno consideró que las tasas de interés de las tarjetas “hundían a estas personas y sus familias en un círculo de endeudamiento sin posibilidades de salir adelante”.
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