Tomás Gómez
Antes de que el coronavirus se convirtiera en el tema protagónico, el Gobierno enfrentaba la que hasta entonces era una de sus peores crisis políticas: el destape de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La investigación legislativa y el avance del proceso judicial reavivaron el tema en las últimas semanas, y aunque el propio presidente Carlos Alvarado pidió concentrarse en otros temas como las vacunas o el FMI, las dudas por la UPAD siguen se volvieron a encender.
A un año del estallido de la crisis, estos son algunos de los principales elementos que configuraron uno de los escenarios más complicados para la Administración Alvarado.
1. Decreto solo duró semana
Aunque Presidencia ya tenía a personal trabajando con datos desde el 2018, la UPAD se oficializó vía decreto.
La norma entró a regir el 17 de febrero del 2020 tras publicarse en el diario oficial La Gaceta. Transcurridos escasos 4 días y tras quejas en redes sociales y notas de prensa, el Gobierno que había defendido la iniciativa optó por derogar el decreto.
Así lo comunicó la entonces ministra de comunicación, Nancy Marín, mediante un escueto comunicado de prensa el 21 de febrero del 2020.
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Los exministros de Comunicación, Nancy Marín, y de Presidencia, Víctor Morales, fueron los principales voceros al inicio de la crisis de UPAD (Presidencia)
2. Permisos falsos para crear la oficina
Zapote hizo al menos dos intentos para crear la UPAD -con otros nombres- y fracasó.
El establecimiento de oficinas de este tipo requiere de un aval del Ministerio de Planificación, el cual nunca llegó.
“La propuesta remitida presentó todos los documentos solicitados en la normativa y los Lineamientos Generales para Reorganización Administrativa establecidos por Mideplan y este Ministerio aprobó la reorganización”, indicaban los considerandos del decreto.
Se trataba del mismo texto donde se habilitaba a acceder a datos delicados, lo cual el propio Gobierno ahora define como el “error principal”.
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La Ministra de Planificación, Pilar Garrido, ha negado en todo momento que su despacho conociera el tema UPAD (Presidencia)
3. Pescando datos religiosos
Eliminar el decreto no calmó los ánimos y comenzó una revisión de todo el trabajo que habían hecho los empleados del Gobierno.
Una investigación de El Observador reveló que el asesor Alejandro Madrigal, por ejemplo, analizó la cantidad de iglesias evangélicas y su impacto electoral.
El mismo análisis encontró trabajos similares respecto a huelgas de maestros y asistencia a clases de sexualidad.
4. Información de Sugef
Este mismo medio dio a conocer las intenciones que tuvo la UPAD de acceder a los registros crediticios que tiene la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El mismo Madrigal llegó a plantear un convenio para intercambiar datos del Centro de Información Crediticia (CIC), donde hay información confidencial.
El entonces superintendente, Bernardo Alfaro, calificó dicha petición como “totalmente improcedente”.
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Casa Presidencial compartió las cuentas de Tableu del asesor de la UPAD donde se mostraba el trabajo de datos de diferentes temas pero estas fueron borradas posteriormente (Cortesía)
5. Una visitante histórica en Zapote
Luego de que la prensa profundizara en el trabajo con datos que hacía Casa Presidencial, la Fiscalía abrió una investigación que conllevó al histórico allanamiento en Zapote.
Era la primera vez que se había una intervención de este tipo en la sede de Gobierno, lo cual fue noticia mundial.
El caso UPAD también implicó allanamientos en Mideplan, las casas de los empleados de Presidencia y luego en el centro de datos del ICE.
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OIJ y Fiscalía lideraron el histórico allanamiento del caso UPAD (Cortesía)
6. Ola de renuncias y la red de cuido
Una vez que estalló el escándalo, el presidente Carlos Alvarado desapareció de la escena e hizo una única referencia a que el decreto había sido una “torpeza política”.
En una segunda aparición, ya como imputado, evitó referirse al proceso pero salió en defensa de sus subalternos. Aseguró que los colocaría en otros puestos de trabajo de la Administración Pública.
Los encargados de datos, finalmente fueron despedidos pero la ola del escándalo salpicó también a otras figuras y jerarcas del Ejecutivo.
En la lista figuran el exministro de la Presidencia, Víctor Morales, los exviceministros Juan Alfaro -Hacienda- y Daniel Soto -Planificación- y el redactor del decreto, Luis Salazar. También salieron la jefa de despacho Felly Salas y los empleados de la UPAD, Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
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7. Hermanita menor
Pasados varios días del allanamiento, el diputado socialcristiano. Rodolfo Peña, denunció lo que llamó la “UPADcita”.
Se trataba de otra oficina de Casa Presidencial que se encargaba de hacer encuestas y sondeos de opinión.
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8. Quejas del presidente
Arrancado el proceso judicial, la defensa del presidente Carlos Alvarado, arrancó con varias estrategias y apelaciones.
Parte de ellas fue reclamar que los dispositivos electrónicos decomisados tenían información adicional a la de UPAD. Al mandatario le decomisaron sus computadoras y teléfonos celulares.
Teléfonos y computadoras, de todos modos, fueron abiertos durante enero para seguir la investigación.
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9. Un magistrado queda desnudo
Por el rango del investigado principal, los procesos judiciales de la UPAD se llevan en la Sala III y los tramita directamente la Fiscal General, Emilia Navas.
El comportamiento del magistrado, Jesús Ramírez, en una de las audiencias obligó a presentar su renuncia la presidencia del tribunal pero no a la magistratura.
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Jesús Ramírez es uno de los magistrados más cuestionados y ocupaba la Presidencia de la Sala III, que sigue el caso UPAD (Asamblea Legislativa)
10. Defensora en la mira
El caso UPAD está bajo investigación no solo de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, sino que fue auditada por otras vías.
Una de ellas fue la Defensoría de los Habitantes, en un proceso marcado por diversas perspicacias.
En primer lugar, el presidente Alvarado había intentado disfrazar la visita de la defensora Catalina Crespo como una visita de cortesía. Luego, uno de los audios de prueba desapareció.
Los roces llevaron a que incluso la fracción del PAC arrancara un proceso de destitución contra Crespo que no prosperó.
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Catalina Crespo sobrevivió al juicio político que le hizo el PAC por su investigación de la UPAD y se mantuvo como Defensora (Asamblea Legislativa)
