Paula Ruiz
Diputados de varias fracciones legislativas sostienen que hay oficios en los que se demuestra que miembros de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y asesores del Presidente Carlos Alvarado, solicitaban datos sensibles y sin anonimizar de los costarricenses.
El diputado Pedro Muñoz, del PUSC, detalló que la UPAD tuvo acceso a la Ficha de Inclusión Social (FIS) del Sistema Nacional de Información y Registro único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
De allí, los integrantes de la UPAD obtuvieron información como:
- Dirección exacta y coordenadas GPS
- Tipo de vivienda
- Material y estado del piso, techo y paredes
- Tamaño de la vivienda
- Acceso a agua potable y fuentes de energía
- Eliminación de basura
- Artefactos del hogar
- Nombre, parentesco, sexo
- Edad, nacionalidad, etnia, nivel educativo
- Violencia y riesgo social, ayudas sociales
- Enfermedades
Becas, reos, aprehendidos…
Otros documentos que hacen constar la solicitud de información sobre privados de libertad, su condena, tipo de condena, entre otras características personales de esta población.
También, el asesor Santiago Álvarez -quien renunció a su puesto, según afirmó Alvarado- recibió información sobre aprehendidos y tipo de aprehensión, para un período determinado. El Ministerio de Seguridad Pública fue el encargado de brindarle estos datos.
Además, Álvarez tuvo acceso a información personalizada de beneficiarios de becas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y sus familiares.
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“Le solicito de manera atenta y respetuosa nos suministre la base de datos del Sinirube de las personas beneficiarias del programa de becas de Fonabe contemplando las siguientes variables:
Nombre completo del padre, madre o encargado, número de cédula, teléfonos, nombre completo del beneficiario, número de cédula, ubicación, zona, código de persona, relación con el jefe o jefa de hogar, sexo, estado civil, nacionalidad, nivel educativo, centro educativo y edad”, señalaba la comunicación.
“Adicionalmente, se requiere información sobre el programa: nombre de la institución, programa social y el beneficio que cada persona registrada recibe, la descripción del pago por monto y fecha de los pagos o transferencias y la fuente de financiamiento”, se añadía en la solicitud de Álvarez.
Por otra parte, desde Casa Presidencial se solicitó acceso a datos sobre denuncias ingresadas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como georeferencias.
Incluso, los asesores buscaron la forma de entablar un convenio con la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) para tener acceso a deudas de los costarricenses. En ambos casos, los datos fueron denegados.
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- Intercambio de comunicaciones con Santiago Álvarez, asesor presidencial
No sabía
Durante la audiencia del Presidente de la República ante la Comisión Legislativa de la UPAD, Alvarado afirmó desconocer por qué sus asesores pedían datos personalizados.
Por el contrario, dijo que en todo momento se buscó información general y no específica de la población costarricense.
“Yo nunca me involucré en detalle de solicitudes de información”, declaró el Presidente.
“Me doy cuenta de pormenores una vez que hay publicaciones que van a este tema pero el por menor de qué se pidió, qué cartas se enviaron, no participé en eso porque no me corresponde”, agregó Alvarado.
De hecho, catalogó como una labor que no le corresponde a un mandatario el hecho de estar viendo oficios. “Eso no es mi tarea”, puntualizó.
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Muñoz indicó que durante toda la audiencia, el mandatario no pudo explicar por qué estos datos sensibles eran necesarios para hacer política pública.
“El Presidente no pudo contestar de por qué si tenía buenas intenciones, por qué pidió esa información que estaba especificada para cada costarricense”, agregó el socialcristiano.
La Comisión Legislativa tiene hasta el 30 de abril para rendir un informe con recomendaciones tras la investigación política realizada.
Silvia Hernández, presidenta del foro legislativo, espera que ese documento esté listo antes de ese plazo.
La Comisión UPAD espera rendir un informe con recomendaciones antes del 30 de abril, fecha límite para su presentación. Foto: Asamblea Legislativa.
