Tomás Gómez
Las filtraciones del expediente de Operación Diamante arrojan cada vez más nombres y en las conversaciones intervenidas al alcalde Johnny Araya aparecieron dos altos operadores judiciales.
Se trata del presidente de la Corte, Fernando Cruz, y de Luis Antonio Sobrado, que recientemente renunció al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Ambos alegan que las conversaciones sostenidas con Araya fueron casuísticas y no implicaron ayudas o negociaciones adicionales.
Cruz dijo que el contacto se dio primero para hablar de una siembra de árboles y luego por el proyecto “Distrito Cívico”. Sobre este último tema tenían una reunión pendiente que, según el magistrado, no llegó a darse pues Araya estaba en medio de un juicio.
“En enero o principios de febrero de este año, se dio la posibilidad que el señor Alcalde conversara conmigo sobre ese proyecto. Sin embargo, me informaron que en febrero el señor Alcalde no podría realizar tal encuentro porque enfrentaba un juicio penal importante”, recordó Cruz.
“Comprendiendo la preocupante situación judicial a la que debía responder don Johnny Araya, no insistí en fijar fecha para la reunión y sólo le envié un mensaje a su celular, diciéndole que esperaba que el reto que enfrentaba, lo superara”, rememoró.
Sobrado, por su parte, dijo que “de haber existido esa llamada, habría aplicado el criterio usual, que consiste en atender al interlocutor, advirtiéndole que yo no se podia adelantar criterio sobre ningún expediente en curso y que, cualquier manifestación que deseara que sea considerada, debe aportarla al expediente por escrito”.
Él agregó que los únicos contactos con el alcalde capitalino fueron en su rol de autoridad.
Lo que dice el Expediente Diamante
El expediente de la Operación Diamante, al que El Observador tuvo acceso, da cuenta de las dos conversaciones donde se mencionan los nombres de Cruz y Sobrado.
“Se logró determinar que el acá imputado Johnny Araya Monge, tiene una serie de enlaces y “amigos” de alto nivel político y social, pues quedó demostrado, con base en sus palabras, que Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, le “deseó suerte” en un proceso penal que este tenia por tráfico de influencias, catalogando Jhonny Araya Monge a Fernando Cruz, como un “un buen gesto del viejo”, se indicó sobre el primero.
“Adicional a ello comentó que le había llamado al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, sea Luis Antonio Sobrado González, para dialogar acerca de un proceso que se mantenía en ese despacho y en otra comunicación aseguró que él había ayudado al procurador general de la República, Julio Jurado Fernández, a que se le nombrara en el puesto”, complementa.
A criterio de las autoridades judiciales ello permite afirmar que “al tener tantos años consecutivos como Alcalde de la Municipalidad de San José, logró establecer una serie de enlaces importantes dentro de los poderes de la República utilizándolos a su favor”.
Alcaldes quedaron libres
La llamada “Operación Diamante” explotó el lunes a primera hora con 40 allanamientos.
Estos incluyeron 8 municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa. También se intervinieron casas de alcaldes y la oficina del Convenio MOPT-BID, además de recintos particulares.
Tras los allanamientos, se detuvieron a seis alcaldes, cinco funcionarios y otras dos personas implicadas.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal. Presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, los funcionarios intervenían para generar beneficios indebidos.
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. Estos incluyen parques, aceras y mantenimiento de vías.
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Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones,; pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales. Estas incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
La audiencia de medidas cautelares aún no termina pero dado que la Fiscalía no pidió prisión preventiva a los alcaldes, estos fueron liberados.
En la lista, además de Araya, figuran el edil de Alajuela -Humberto Soto- y el de Cartago -Mario Redondo-. Sus colegas de Osa -Alberto Cole-, San Carlos -Alfredo Córdoba- y Escazú -Arnoldo Barahona- también están en el proceso.
