Paulo Villalobos
“A mí me parece que el interés público debe prevalecer siempre porque el éxito de una investigación podría verse afectada con la intervención de fugas de información. El secreto de la fuente del periodista no es ilimitado.
“Es claro que, según el 24 de la Constitución Política, habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica. Pero a mí me parece que, por el secreto de las informaciones, por el éxito de las investigaciones, sobre todo cuando estamos a las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado; saber quienes son esas fuentes y sobre todo saber si son internas, es del mayor interés público”.
De esa manera, la magistrada de la Sala Primera, Iris Rocío Rojas, propuso este lunes intervenir los teléfonos de periodistas para identificar quiénes son sus fuentes judiciales, en un esfuerzo por blindar las pesquisas.
Las declaraciones de la alta jueza se dieron este lunes luego de que la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, rindiera un informe sobre su papel como coordinadora de la comisión de enlace con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La prensa en actuaciones judiciales
Dentro del reporte, la integrante de la Sala Tercera dio cuentas de la preparación de un protocolo para las diligencias de la Policía Judicial.
Este incluye, por ejemplo, el acordonamiento de los blancos de un allanamiento así como la presencia de drones durante las actuaciones del Organismo.
También se mencionó la relación con los medios de comunicación.
La propuesta del foro de enlace, de acuerdo con Patricia Solano y la magistrada Nancy Hernández, se enmarca “en absoluto respeto” al fallo 7548-2008 de la Sala Constitucional, prohíbe todo rastreo que se realice a los comunicadores dedicados a informar al público, debido a que esto acabaría por revelar fuentes de información.
A criterio de la segunda de las juezas, quien integra el tribunal que estudia la Carta Magna, esas investigaciones deberían pesar sobre los trabajadores que accedieron a la información y no sobre los periodistas.
“Quisiera plantearles como inquietud, que pensáramos en una reforma de más alto nivel que un protocolo, porque muy probablemente el protocolo no va resistir a un embate de constitucionalidad, porque la única forma de saber quién está filtrando información es interviniendo y dándole seguimiento a los teléfonos a quienes están en contacto o ya han participado de estos operativos”, manifestó en cambio Iris Rocío Rojas.
De seguido añadió: “Solo eso permitirá, y además el delito, la conducta típica ya está sancionada, lo que necesitamos es un mecanismo efectivo para concretarlo porque ningún periodista le va a dar a usted la fuente. Va a indicar que es reserva”.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, optó por indicar que se tomarían en cuenta las posiciones de la jueza de la Sala Primera en el momento en el que se haya terminado el protocolo en la comisión de enlace con la Policías Judicial. Dicho órgano pasará ahora ser coordinado por el magistrado Gerardo Rubén Alfaro.
Paulo Villalobos
