La intervención de las pensiones de lujo requerirá del voto de al menos 38 diputados. Esto luego que la mayoría de la Corte Plena definiera que se trata de iniciativas que afectan el funcionamiento del Poder Judicial.
A los altos jueces les correspondió, en su sesión del lunes, pronunciarse sobre las iniciativas 21.035 “Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo” y 21.537 “Ley para la Contribución Solidaria de los Pensionados de Lujo”.
Ninguna de las dos iniciativas convenció a los magistrados. Alegaron que se trata de proyectos que afectan la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
El primer texto fue rechazado por 11 de los jerarcas participantes y el segundo por nueve. La decisión de la cúpula del Poder Judicial forzará a los diputados a conseguir una mayoría calificada si quieren materializar la ley.
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Cambio de condiciones
Para el análisis de los proyectos de ley, la Corte designó a los magistrados Orlando Aguirre y Roxana Chacón, quienes expusieron críticas unánimes. En sus apreciaciones coincidieron en que:
- el sistema de pensiones del Poder Judicial funciona diferente a los demás
- hay una ausencia de datos sobre la posibilidad recaudatoria de las iniciativas
- los funcionarios judiciales ya tienen otros gravámenes, por lo que las medidas serían reiterativas y hasta confiscatorias
- imponer nuevas contribuciones a las pensiones ya existentes violaría la irretroactividad de la ley
“Estas medidas desestimularían las futuras jubilaciones pues los servidores preferirían seguir trabajando”, amenazó Chacón.
Aguirre dijo que las medidas estarían amenazando no solo a los pensionados sino a los trabajadores actuales. “La contribución no es ni más ni menos que un impuesto extra a las pensiones y estas ya cancelan entre un 10% y un 15%, lo que convierte a las contribuciones en una doble carga tributaria y un acto confiscatorio fuera de toda razón”, concluyó.
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Una defensa energética
Luego de conocerse los dictámenes, se dio el uso de la palabra al resto de la Corte. La magistrada Julia Varela aprovechó la oportunidad para atacar de forma severa las intenciones de regular las jubilaciones.
“Afán confiscatorio” y “agresión económica” fueron parte de los adjetivos seleccionados.
“Con esa creatividad del legislador se nota que están perdiendo de vista que las personas que reciben esa pensión tienen una serie de obligaciones fijas y eso no se está tomando en cuenta”, espetó Varela, quien insistió el defender el régimen de pensiones judiciales.
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¿Qué dicen los proyectos?
Las críticas contra las pensiones millonarias llevan años en el escenario político. En la actual legislatura se presentaron dos iniciativas para su regulación.
En síntesis buscan:
- 21.035: planteado por la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, impondría una escalerilla de porcentajes de “colaboraciones sociales” para aquellas jubilaciones equivalentes a 6 salarios bases para el régimen del Poder Judicial, equivalentes a ¢3,7 millones.
- 21.537: del socialcristiano Pedro Muñoz, persigue cuotas de entre 10% y 80% sobre las pensiones que excedan los máximos pagados por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social.