Paula Ruiz
La Sala Constitucional declaró inconstitucional la rebaja por ¢10.000 millones al Fondo Especial de Educación Superior (FEES) realizada en 2019 por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
De acuerdo con los magistrados, los legisladores no tienen competencia para realizar dicha rebaja por cuanto el artículo 85 de la Constitución Política solo los autoriza a intervenir en caso de diferendo entre las universidades y el Poder Ejecutivo, escenario que no sucedió.
En aquel momento, la moción para el recorte tuvo el aval de siete congresistas y tres en contra.
Durante la discusión, los entonces diputados a favor tuvieron argumentos relacionados con que las universidades públicas gozaban de superávits, como por ejemplo, los ¢168.000 millones acumulados por la Universidad Nacional entre el 2012 y 2018.
A favor de la moción estuvieron Xiomara Rodríguez, Eduardo Cruickshank y Harllan Hoepelman de Restauración Nacional. Éste último, luego se declaró independiente.
También votaron los verdiblancos Silvia Hernández y Gustavo Viales, el socialcristiano Rodolfo Peña (q.e.p.d) y Otto Roberto Vargas del Republicano Social Cristiano.
En contra votaron Laura Guido y Welmer Ramos de Acción Ciudadana junto a David Gourzong del PLN.
Esta votación se efectuó en el cuatrienio anterior por lo tanto, ninguno de ellos funge en la actualidad como diputados.
No pueden volverlo a hacer
La Sala Constitucional advirtió a la Asamblea Legislativa que no tienen competencia para volver a incurrir en este acto.
Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) destacó que la Comisión de Enlace es la encargada de acordar el monto por lo tanto, no puede ser modificado en resguardo del artículo 85 de la Constitución Política.
No obstante, en esa ocasión, los entonces legisladores cambiaron lo acordado previamente entre la Comisión y el Gobierno.
Arias celebró la decisión de los magistrados puesto que “es importantísimo porque es un respeto al texto de la Constitución Política”.
La sentencia de la Sala no implica una devolución de esos recursos porque el Presupuesto Ordinario de la República de 2019 ya se ejecutó y liquidó.
Rodrigo Arias, presidente de Conare celebró la decisión de la Sala Constitucional. Cortesía: Conare.
