Con 20 votos, la Corte Plena resolvió plantear una consulta de constitucionalidad contra la Ley Marco de Empleo Público, recientemente aprobada por los diputados en primer debate y clave en el acuerdo con el FMI.
Fernando Cruz, presidente de la Corte, esta es la primera vez en que el propio Poder Judicial recurrirá a esta figura legal.
Según resolvieron los magistrados, el proyecto podría afectar algunos aspectos de la independencia judicial, por lo que se decidió hacer el trámite.
Una de las principales críticas estuvo en la rectoría que tendrá Mideplan sobre empleo público, lo que afectaría las decisiones propias de recursos humanos de la Corte.
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Este posicionamiento se suma a la resolución emitida el 2 de junio anterior, donde los mismos jueces determinaron que la Ley de Empleo Público estaría afectando la organización del Poder Judicial.
Con ello se forzó a que el proyecto requiera 38 votos en la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva.
Diputados también consultan Empleo Público en Sala IV
La consulta de la Corte Plena se suma a dos enviadas por los diputados tras la aprobación de Empleo Público.
En una de ellas, firmada por 15 legisladores de diversos partidos, se indaga si el proyecto es consitucional por:
- Por la independencia del Poder Judicial
- Por la inclusión del Tribunal Supremo de Elecciones
- Quieren saber si hay violación a la autonomía de universidades públicas, municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social
- Además, si hay violación a tratados internacionales por la introducción de objeción de conciencia
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La segunda consulta hace énfasis en la objeción de conciencia, que podrían alegar los empleados públicos para evitar capacitaciones.
El plazo para que la Sala IV resuelva las consultas es de un mes y en caso de hallarse problemas, estas deberán enmendarse antes de seguir con la votación definitiva.