Hermes Solano
La Contraloría General de la República (CGR) a través de la contralora Marta Acosta cuestionó el proyecto de ley presentado por el presidente Rodrigo Chaves, denominado Ley Jaguar.
Esa iniciativa busca modificaciones a la Ley Orgánica de la Contraloría, reformar un artículo de la Ley de Contratación Administrativa y además, darle mayores potestades a Japdeva, en busca de la construcción de la marina en Limón.
Acosta criticó que la propuesta, en lugar de fortalecer las competencias de la institución, como lo planteó el Gobierno en conferencia de prensa, lo que hace es limitar y casi que eliminar las competencias fiscalizadoras que tienen sobre el aparato estatal.
“Lo que sí es evidente, es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General”, indicó Acosta, en un comunicado enviado por el departamento de prensa.
“Suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses”, añadió.
El proyecto busca reformar, entre otros, los artículos 12 y 22 de la Ley de la CGR.
En el 12 se señala que la Contraloría “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa”.
“Ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”, añade.
Mientras tanto, el artículo 22, que habla de la potestad de investigación, indica que ante algún procedimiento de este tipo no se suspenderán los procesos.
OBSERVE MÁS: Rodrigo Chaves llega a la Asamblea Legislativa y presenta proyecto para convocar a referéndum
Perjudicados
La contralora asegura que analizarán a fondo el texto para tener un panorama claro respecto a los efectos e impactos, y lo harán con profundidad y responsabilidad, tal y como lo amerita el tema.
Más allá de eso, a priori, Acosta refuta la iniciativa porque considera que principios fundamentales de cualquier Estado democrático se verían perjudicados.
“Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”, señaló la funcionaria.
Acosta considera que el presidente Rodrigo Chaves sigue utilizando juicios de valor, falacias e irrespeto respecto a la función de la Contraloría y que sigue reiterando los ataques contra ella “sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica”.
Las reformas incorporadas en la Ley Jaguar tienen que ver con decisiones de la Contraloría, como frenar la construcción de Ciudad Gobierno y la de la marina en Limón.
“No lo estamos debilitando”
Actualmente, la Ley Orgánica de la Contraloría, establece en el artículo 12 lo siguiente:
“Órgano rector del Ordenamiento. La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley”.
Mientras tanto, en la Ley Jaguar se busca reformar el primer párrafo del artículo 12 anteriormente mencionado para que se indique lo siguiente:
“Artículo 12. Órgano rector del ordenamiento.
De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política es claro que la Contraloría General de la República en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”.
El Observador consultó en Casa Presidencial sobre la garantía de que la CGR continúe teniendo su rol de control y fiscalización, tomando en cuenta que en la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa, elimina ambas palabras.
Sin embargo, tanto Chaves como la ministra de Planificación, Laura Fernández, aseguraron que más bien, se fortalecen esas competencias.
“Lo que estamos haciendo no es debilitando es ubicar meridianamente qué le toca hacer a la Contraloría y qué a la administración activa, es decir quién tiene la torta cuando pasa una torta en Costa Rica”, señaló Laura Fernández, ministra de Planificación.
“Lo que estamos haciendo es precisar, para que se fortalezca la labor de control y fiscalización”, dijo.
Por su parte, Chaves agregó que se eliminarán “chorizos” y quitarán “trabas y atrasos” con esa modificación.
Colaboró en la elaboración de la nota la periodista Paula Ruiz.
