Los centros penales arropan a 3.533 personas que aguardan por una sentencia, quienes son consideradas indiciadas, y a otras 337 que incumplieron con el pago de la pensión alimentaria llamadas apremiadas.
Ambas poblaciones representan poco menos de una quinta parte -23,73%- de los 16.308 privados de libertad que hay en el régimen de atención institucional -o “cerrado”- de acuerdo con cifras dadas por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) a solicitud de El Observador.
Los dos grupos permanecen en prisión a la orden de los tribunales.
Por lo tanto, serán los órganos judiciales los que deban evaluar cambios temporales de medidas -hacia el régimen semi-institucional o “de confianza”- de aquellos privados que presenten factores de riesgo susceptibles al COVID-19.
Esa enfermedad -catalogada de alto contagio- afectó a 773 personas en el país en los últimos 64 días; de los cuales 6 fallecieron y 461 se recuperaron.
La variación de las medidas se debe realizar en acatamiento a una orden del 4 de abril de 2020 emitida por el Juzgado de Ejecución de la Pena de la Zona Atlántica, que argumentó razones de humanidad.
Estudio a privados
Sobre los restantes 12.438, el Instituto Nacional de Criminología (INC) -rector de la administración penitenciaria- dispuso a los directores de las 20 cárceles del país una valoración extraordinaria que abarca:
- Condiciones de salud: se levantará una lista de privados que presenten insuficiencia renal crónica, problemas cardiacos, esclerosis múltiples, enfermedades autoinmunes, pacientes inmunosuprimidos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial con crisis frecuentes, pacientes oncológicos, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, mujeres con niños en módulos materno infantiles, hipertensión, diabetes, obesidad mórbida.
- Aspectos técnicos: se analizará el apoyo externo con el que cuente cada persona y se tomarán en consideración los criterios de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores, educadores y policías penitenciarios.
- Extensión de la pena: se determinó la posibilidad de valorar el cambio de régimen de los privados que estén a tres meses o menos de cumplir sus penas; siempre que esto no implique un riesgo para sí o para terceros.
Entre el 11 de marzo y el 7 de mayo de 2020, 106 reos adultos mayores, con factores de riesgo así como mujeres embarazadas o con niños pequeños fueron trasladados al sistema de confianza con una directriz previa a la orden judicial.
Así las cosas, el régimen semi-institucional se engrosó hasta llegar a los 3.254 beneficiarios, según las estadísticas suministradas a este medio.
Actualmente, el Instituto de Criminología tiene bajo análisis otras 31 recomendaciones remitidas por las direcciones de los centros penales, basadas en los nuevos criterios.