La mayoría de instituciones públicas aún no están listas para incorporar a sus sistemas el nuevo modelo de gestión de compras públicas, advirtió la Contraloría General de la República.
Dicho modelo surge a partir de la Ley General de Contratación Pública N° 9986. Esta ley debe entrar a regir el 1 de diciembre de 2022.
Según la Contraloría, los cambios que implica esta nueva ley exigen una preparación previa de las instituciones.
Según el ente contralor, de las 59 instituciones del estudio solo 3 tienen la preparación óptima para implementar el sistema. Además, 7 están en una situación “avanzada”.
Sin embargo, 24 están en una etapa intermedia y 6 en básica. Llama la atención que 19 entidades apenas se encuentran en una etapa inicial de preparación.
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La Contraloría informó, además, de los siguientes hallazgos:
- 35 instituciones no tomaron acciones para gestionar los riesgos del proceso de implementación de la ley
- 31 no han definido mecanismos de coordinación institucional
- 29 no han efectuado una revisión de sus procesos de implementación de la ley
- 47 no han definido un código de ética para proveedores
- 52 aún no comunican al interno los avances del proceso de implementación de la ley
La gestión de compras públicas representa una importante erogación de las instituciones. Solo en 2020, fueron de 1,1 billones de colones, lo que representó un 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
La nueva ley implica un nuevo modelo de gestión de compras públicas que se sustenta en la gobernanza, la transparencia, la planificación, el control y la orientación a resultados, así como la promoción de la competencia y la ética.