Paula Ruiz
El Plenario legislativo dio luz verde en segundo debate al proyecto de ley que excluye al servicio de emergencias 9-1-1 de la aplicación de la regla fiscal.
La medida se aprobó pese a la oposición de la fracción oficialista y del Gobierno de la República.
El Ejecutivo puede vetar la Ley tal como sucedió con la iniciativa que pretendía excluir a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) de la regla fiscal.
Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, aseguró que no ha conversado con el presidente de la República, pero el veto es una posibilidad.
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“No he hablado al presidente, no le he preguntado, supongo que sí (puede vetarlo), igual vetó la que sacaba a Procomer, me imagino que seguirá la misma línea, pero no lo he hablado con él”, afirmó Cisneros este martes.
La oficialista defendió que con la reinterpretación realizada por el Gobierno sobre la regla fiscal, se garantiza el servicio del 9-1-1. Esa modificación tiene que ver con aplicar la regla sobre lo efectivamente gastado y no por lo presupuestado, recordó la diputada.
“El 9-1-1 tiene los medios para seguir operando 24 horas al día, 365 días al año, no hay ninguna necesidad de sacarla de la regla fiscal”, destacó.
“No afecta el déficit”
María Elena Amuy, Directora del Servicio 9-1-1 dirigió una misiva al diputado frenteamplista Jonathan Acuña, donde expuso que pese a la liberación de recursos por el Decreto Ejecutivo sobre la regla fiscal, el dinero es insuficiente.
En la nota con fecha del 19 de agosto, Amuy expone que pese al aval para utilizar recursos adicionales, no resuelve la necesidad para asumir nuevos contratos necesarios que permitan la atención de situaciones de emergencia.
“El instrumento de control fiscal (Regla Fiscal) limita el uso del superávit necesario para realizar las inversiones tecnológicas requeridas no solo para atender las necesidades de los despachos actuales de las instituciones de primer respuesta, sino también para atender los requerimientos de la demanda de los costarricenses”, destacó.
En esta misma línea, la legisladora Sofía Guillén defendió que el hecho de liberar al 9-1-1 de la aplicación de la regla, no afecta el déficit fiscal.
La principal fuente de financiamiento del sistema de emergencias proviene de un impuesto de 0,75% en las facturas mensuales de telecomunicaciones como telefonía.
“Son recursos que no provienen del Gobierno Central sino de la venta de un servicio que cofinancia la línea 9-1-1, no tiene sentido ni siquiera desde el punto de vista fiscalista”, defendió la diputada.
En caso de un veto, se requieren 38 votos como mínimo para un resello en el Congreso.
La diputada oficialista dejó entrever la posibilidad de vetar la ley que excluye al sistema de emergencias 9-1-1 de la aplicación de la regla fiscal. Imagen ilustrativa. Facebook.
