Hermes Solano
El Tribunal Penal de Hacienda avaló el pago de ¢163 millones al Estado como conciliación al caso por el aparente desembolso irregular del Conavi a Mélida Solís, dueña de la empresa H. Solís en 2011.
Con esto, la empresaria -que se encuentra en prisión preventiva por el Caso Cochinilla- evitará ir a juicio por ese tema.
La Fiscalía y la Contraloría General de la República se opusieron a esa conciliación que realizó la empresaria con la Procuraduría General de la República y presentaron una apelación.
La resolución se dio el pasado 11 de octubre y fue este jueves cuando se le informó a las partes, según confirmó el abogado de Solís, Francisco Campos.
El pago de los ¢163 millones se divide en: ¢88 millones por haber recibido el dinero antes y ¢75 millones que corresponden al daño social.
Ese acuerdo se había presentado en anteriores audiencias preliminares que iniciaron desde 2017, pero siempre hubo oposición de la Contraloría y en la última también del Ministerio Público por una directriz de un superior.
“La Procuraduría me hizo una propuesta, la revisamos y aceptamos, que era cancelar la totalidad del daño material y nos cobró un monto que consideramos elevado en ese momento, pero se aceptó”, explicó Campos sobre la conciliación.
“Se aprobó la aplicación de la medida alterna de juicio y se definió el monto de ¢88 millones y además se habló de un monto por daños de ¢75 millones”, dijo Campos.
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Dos imputados siguen proceso
Según el abogado, contra esa resolución ya no cabe ningún recurso y tanto la Contraloría como el Ministerio Público pueden pedir una aclaración de lo resuelto en los próximos tres días.
Este acuerdo permitirá el sobreseimiento en el caso a tres de los cinco imputados. Además de Mélida Solís se acogieron a esta medida los exfuncionarios de Conavi Marco Rojas y Ana Ivette Campos.
Mientras tanto, Carlos Solís -también envuelto en Caso Cochinilla- y Málaky Mary de Fátima Aiza tendrán que ir a una audiencia preliminar.
Francisco Campos, abogado de Mélida Solís.
El caso
Los hechos se remontan a diciembre de 2011. En esa fecha varios funcionarios de Conavi, entre ellos el exgerente financiero Carlos Solís, envuelto también en el Caso Cochinilla, dejaron de lado sus vacaciones de fin de año para aprobar un pago de ¢1.000 millones a favor de H. Solís.
Los delitos imputados eran: pago irregular de contratos administrativos e influencia en contra de la Hacienda Pública.
De acuerdo con la acusación realizada por parte de la Contraloría, los funcionarios de Conavi ignoraron sus vacaciones y se presentaron a trabajar para beneficiar a la empresa constructora.
Ahí, tramitaron el cobro por ₡956,6 millones para el supuesto gasto de cemento en favor de H. Solís, como parte del proyecto para la ampliación y reparación de la ruta Bernardo Soto, en el tramo Aeropuerto Juan Santamaría-Manolos.
Esas obras concluyeron en abril de 2013, aunque en el trámite de esa factura, que se hizo dos años antes, se aseguró que ya estaban terminadas.
“Plan delictivo”
Según la denuncia interpuesta inicialmente por la Contraloría, las 5 personas investigadas eran parte de “un plan delictivo” que hizo al Estado desprenderse ilegalmente de los casi mil millones de colones y “tardar 18 meses en poder recuperarlos mediante rebajos a otras facturas posteriores”.
Agrega que los investigados Aiza Campos y Solís Murillo irrespetaron condiciones que ellos mismos habían escrito y avalado en el contrato.
“Tramitan de forma irregular y obviando todos los requisitos necesarios en cuestión de días el pago del rubro del cemento Portland, por una cantidad de más de 5.000 toneladas, las cuales no se habían recibido y lo que es más gravoso, pagando la totalidad del mismo”, se lee en la demanda.
“La señora Solís firma la factura irrespetando el trámite respectivo pese a que conocía que no procedía dicho cobro y logrando el beneficio del pago de la factura mediante un trámite bastante célere”, señaló la acusación.
Lamentable
Consultada la Contraloría por El Observador referente a la resolución, la entidad consideró como “lamentable” la resolución.
“La CGR ha ejercido todas las posibilidades procesales a su alcance en tutela de la Hacienda Pública ante su desprotección y no aceptamos una medida alterna que implique impunidad ante acciones delictivas tan graves y perjudiciales sobre la gestión de los fondos públicos, cuestionando las resoluciones en el momento procesal oportuno, sin tener un resultado favorable”, afirmó a través de la División Jurídica.
“Este tipo de situaciones vulnera la confianza y credibilidad en el Estado Democrático y Social de Derecho”, añadió en su respuesta.
Además, considera que es un lamentable precedente “que exige continuar fortaleciendo los mecanismos de combate a la corrupción en sede penal y que no se agota únicamente en el cobro de una determinada suma económica, sino en la efectiva realización de justicia en todos los ámbitos con la imposición de las condenas pertinentes acorde a la gravedad de las conductas delictivas”.
