Tomás Gómez
Varias conversaciones vía WhatsApp entre personas cercanas al tema de las tobilleras electrónicas coincidiría con una denuncia que recibió la Fiscalía sobre una contratación que finalmente se otorgó a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Así lo consigna el informe 026-SADEF-CI-2020 de la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del OIJ y al cual El Observador tuvo acceso.
“Después de analizar cada una de las conversaciones que se llevaron a cabo por medio de la aplicación WhatsApp, cada uno de los imputados de este informe , se logró determinar que efectivamente existía una red como lo mencionó uno de los informantes, esta red de índole criminal”, indica el informe.
Son mensajes extraídos de los teléfonos celulares que las autoridades judiciales secuestraron al exdiputado, Victor Hugo Víquez, el 21 de diciembre del 2017. Ese día se allanó la casa de Víquez y otros puntos, por diligencias de investigación en una de las causas del denominado caso del cementazo.
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Varios de esos mensajes extraídos de los celulares se relacionan ahora con el expediente 18-000094-1218-PE que investiga en supuesto delito de tráfico de influencias en el trámite para la contratación de tobilleras electrónicas para el monitoreo de privados de libertad.
Esta fue una contratación que hizo el Ministerio de Justicia a la ESPH, quien a su vez subcontrató a una empresa privada para dicho fin.
En el desarrollo de la investigación fueron citados como imputados el exmagistrado Celso Gamboa, el exdiputado Víquez y el gerente de la ESPH, Allan Benavides. También dos empresarios de apellido Rothe y Schalk van Andel.
“Cacería” de proyectos y reuniones
La búsqueda de nuevos nichos de actividades tecnológicas por parte de la ESPH fue definida por el informe como una “cacería”. Al respecto se profundizó en su sistema para generar contactos.
La investigación del OIJ recoge intercambios de mensajes entre julio del 2015 y diciembre del 2017, período en el cual se buscaba la contratación de las tobilleras.
El plan original del Ministerio de Justicia era tramitarlas mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pero luego se hizo mediante presupuesto nacional.
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Tras no tomar las ofertas iniciales en la segunda vía se buscó una contratación directa con un ente estatal lo que aligeró el proceso. A la competencia se presentaron la ESPH y Racsa, siendo el rol de la primera el que llama la atención a las autoridades judiciales.
El Ministerio estaba entonces al mando de Cecilia Sánchez, madre del exmagistrado Gamboa, y se analiza como se intentó contactarla.
Para ello, según la investigación, el exdiputado Víquez habría servido de puente teniendo en Gamboa un respaldo para generar los espacios.
“Por medio de Celso Gamboa Sánchez, Víctor Hugo pretende allanar el camino para poder reunirse con la entonces Ministra de Justicia y Paz, con el objetivo de conversar acerca del proyecto de los brazaletes electrónicos, el Magistrado e hijo de la señora Ministra de Justicia, Celso Gamboa estaba influyendo directamente en su madre para facilitar esas reuniones”, indica la página 25.
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Como parte del análisis también se revisan los intercambios de Víquez con empresas privadas con las que la ESPH buscaría subcontratar parte de los servicios. Esto dada la falta de experiencia en el rubro.
Así por ejemplo en una ocasión se pretendía traer un experto en monitereo desde Brasil con quien se intentaba generar una reunión con la Ministra.
OIJ revisa WhatsApp y ESPH toma distancia de Víquez
El caso de las tobilleras se comenzó a investigar a partir de dos denuncias en el 2018 pero terminó relacionado indirectamente con el del “Cementazo”.
Los allanamientos del caso dejaron varios teléfonos decomisados, en los cuales se encontró material de diversos expedientes de investigación, incluyendo el del monitoreo.
De ahí se sustenta gran parte del informe del OIJ.
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En esa revisión destaca además que Víquez llegó a decir que el gerente Benavides lo estaría designando como asesor ad honorem de la ESPH. La posibilidad que fue desmentida por la Empresa tras consulta de este medio.
“El señor Víctor Hugo Víquez, nunca ha sido funcionario de la ESPH, tampoco ha sido contratista, proveedor, ni menos aún asesor ad honorem de sus funcionarios o jerarcas”, señaló el ente. Según la respuesta, Víquez solo tuvo un paso por la Junta Directiva hace más de dos décadas.
Ahora bien, de acuerdo con la investigación judicial, la intención de las conversaciones sostenidas indicaba interés en ampliar la participación de la ESPH a varios negocios del Estado.
En uno de los casos mencionados por ejemplo, se revela interés en participar de una contratación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Además, también hay intercambio de mensajes sobre otros proyectos que podrían ser de interés para el grupo.
La Fiscalía comenzó a llevar la investigación de este caso contra ignorado en el 2018. Los avances en la indagatoria llevaron a imputar al exmagistrado Gamboa y al exdiputado Víquez quienes rindieron declaración el 19 y 27 de octubre anteriores, respectivamente.
El Observador intentó consultar a ambos por este caso pero Víquez alegó tener prohibición de la Fiscalía para referirse al tema. Gamboa no contestó su celular ni los mensajes de WhatsApp.
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