Katherine Ulate A.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) sigue investigando a cerca de 35 profesionales con propiedad, por no incorporarse a sus labores luego de que el 10 de diciembre de 2018 concluyera la huelga nacional.
La institución ya había suspendido de sus labores a nueve funcionarios interinos, por abandono de trabajo. El movimiento de huelga se realizó desde setiembre del 2018 hasta finales de ese año.
“Los jefes inmediatos de estos funcionarios reportaron de que no se habían presentado ‘x’ cantidad de días y se procedió con el trámite que corresponde a este tipo de causas”, comentó Nelly Venegas, funcionaria de Gestión Disciplinaria del MEP.
Venegas indicó que a las personas suspendidas se les realizó el debido proceso, se les puso en conocimiento de los hechos y se les dio la oportunidad de presentar su defensa.
“En este caso el Tribunal de Servicio Civil es el que debe referirse a si acoge o no la gestión de despido que estamos presentando”, aseveró Venegas, sobre los otros casos.
Posibles sanciones
Actualmente los funcionarios investigados se encuentran laborado, ya que el Ministerio decidió no tomar medidas mientras se realiza el debido procedimiento.
De comprobarse el abandono de trabajo por parte de los profesores, se someterían a tres años de castigo.
“Cuando las instancias resuelvan (indicarán) cuando nosotros ya como Ministerio nos autorizan a ejecutar el despido. Pero antes ellos se mantienen en sus puestos manteniendo intactos sus derechos laborales y salariales”, aseguró Venegas.
Sindicato: medidas son ilegales
Cinthya Crespo, secretaria general del Sindicato Patriótico de la Educación (Sinpae), catalogó como ilegal las medidas que el MEP toma contra los funcionarios. Los trabajadores sancionados son afiliados de esta agrupación.
“Ilegal, completamente. No tiene asidero legal para nada. Es un acto deliberado de discriminación, de represión, de opresión”, declaró la líder sindical.
Crespo aseguró que la huelga es un derecho de los funcionarios públicos y privados, por lo que se mantuvieron en ese paro después del 4 de febrero cuando se ingresó al curso lectivo del 2019.
“Nos pasan simples ausencias injustificadas. En febrero, según ellos debíamos haber vuelvo, nosotros nos mantuvimos en huelga en vacaciones. Nosotros no salimos a vacaciones, 60 afiliados y los Tribunales de Trabajo no habían declarado que era ilegal porque se había apelado”, finalizó la secretaria.
La huelga que inició el 10 de setiembre, llegó a su fin a inicios de diciembre, luego de que los principales y más grandes sindicatos decidieran levantar el movimiento. Pero Sinpae se mantuvo.
Katherine Ulate A.
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