Paula Ruiz
El Ministerio de Educación Pública (MEP) planea efectuar cambios en las Juntas de Educación y Juntas Administrativas lo cual implicaría una reducción en el manejo de fondos a su cargo.
Leonardo Sánchez, viceministro de Educación, señaló que están trabajando en una reforma a la Ley 6746 que modificaría la metodología de asignación de los recursos.
El plan es que en el caso de transporte estudiantil, se elimine la transferencia hacia las juntas y a su vez, implementar un modelo de contratación pública tal cual se hace en la actualidad con el transporte público.
“Con un modelo tarifario, eso le quita cerca de ¢50.000 millones a las juntas”, destacó Sánchez.
Con respecto a los comedores escolares, es plan es “hacer un proceso de compra por demanda, por escala a nivel nacional, ahí desaparecemos el 90% de transferencias a las juntas”, detalló el jerarca.
Esta explicación, la realizó ante los diputados de la Comisión de Hacendarios, donde se presentaron autoridades del MEP a defender el presupuesto de la entidad para el 2023.
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Sánchez indicó que han detectado un problema con respecto a la metodología de asignación porque en ocasiones, se asignan recursos que no requieren las juntas, provocando un superávit.
Citó casos en donde se giran recursos sin la asignación de proyectos en infraestructura por lo cual, el dinero queda como superávit, máxime que deben esperar en ocasiones a que la Dirección de Infraestructura Educativa (DIEE) les resuelva el proyecto por ejecutar.
El jerarca destacó que debido a esa metodología, este año lograron detectar ¢30.000 millones de superávit en manos de las juntas los cuales fueron reasignados a otras que sí requerían de presupuesto adicional para cumplir con sus labores en este 2022.
“Claro está, siempre va a haber incentivo cuando se acumula tanto dinero en las jutnas para que haya corrupción, tenemos datos de lo que certifican los contadores pero no podemos controlar la totalidad del uso de recursos y hay problemas que se nos escapan de las manos y podrían hacer mal uso”, aceptó Sánchez.
Leonardo Sánchez, viceministro de Educación y Anna Katharina Müller (centro), ministra de la cartera, detallaron el plan que pretenden con las juntas de Educación y las juntas Administrativas. (Cortesía Asamblea Legislativa)
Ejecutar con velocidad
Por su parte, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, aceptó que el MEP no cuenta con mecanismos para obligar a las juntas a ejecutar los recursos asignados con velocidad.
“Qué difícil es cuando uno tiene que administrar algo pero tiene que para darle la plata a otro para que se la compre, yo dependo de la junta dure menos de 2 años para comprarle una silla de rueda s a un niño discapacitado. No tengo ese mecanismo para obligarlos a ejecutar con velocidad”, afirmó Müller ante los diputados.
Durante esta semana, el MEP recibió el reporte de 4.536 juntas que les permitirá investigar cuánto presupuesto tienen en caja única y en cuentas comerciales.
Según Müller, esto les permitirá determinar cuáles son los cuellos de botella que atrasan la ejecución de los dineros asignados.
Asimismo, indicó que desde la cartera, están revisando la forma de asignación del presupuesto para cada centro educativo con base en el número de estudiantes.
“Causa que si un centro tiene infraestructura grande, pero pocos estudiantes, se le deteriora porque el fondo que se le da no es suficiente para el mantenimiento del edificio”, señaló la titular de Educación.
Para el 2023, el MEP cuenta con un presupuesto de ¢2,52 billones y significa una disminución de casi ¢40.000 millones en comparación con el 2022.
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