Manuel Sancho
Tanto la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) como Radiográfica Costarricense (Racsa) admitieron que la empresa tecnológica estatal intervino en un documento interno de Migración, en el cual se discutieron las condiciones para una contratación millonaria que finalmente terminó en manos de Racsa.
El 27 de julio El Observador informó que en un documento oficial de Migración, con las especificaciones técnicas que debía cumplir la empresa a contratar, aparecen comentarios de un funcionario de Racsa. Es decir antes de contratar a una empresa que cumpliera y en la formulación de un documento que describe lo que necesitaba, Migración tuvo a una compañía interesada (que competiría luego y ganaría) en sus diálogos internos para el proceso. Racsa recibirá casi $9 millones por este trabajo.
Migración buscó contratar una plataforma tecnológica para un centro de procesamiento de datos. Antes, invitó a empresas a participar en un estudio de mercado, entre ellas Racsa. El 13 de junio extendió el primer correo a la empresa Codisa, en la cual pidió que enviara su cotización para el estudio de mercado. Incluyó un documento en formato Word.
Es en dicho documento, titulado Requerimientos para la prestación de servicios para el Proyecto Centro de Procesamiento de Datos Alterno, donde funcionarios de Migración discuten las necesidades. Sin embargo uno de los comentarios en el Word es firmado por Neithan Rojas, quien es Asesor Comercial en Racsa.
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La excusa de Migración: fue asesoría previa
Tras dos semanas de espera, Migración respondió a este medio que para el proyecto no solo hicieron una investigación interna, sino con entes externos, como Racsa. En un primer intento en el 2017, la entidad descartó el plan. Pero volvió a revisar el estudio de factibilidad y emprendieron el estudio de mercado en el 2019.
Según Migración fue este año cuando se envió el documento que genera polémica, el cual se desarrolló desde hace dos años y no se actualizó.
“Para este año 2019, aunado al tema de la investigación y los estudios de factibilidad, en el proceso de contratación se envía el documento que se había trabajado con las empresas en el año 2017- 2018 y es donde aparece el comentario del Ing. Neithan Rojas de la empresa Racsa, por cuanto dicho documento reúne insumos de todas las reuniones realizadas con las empresas”, respondió Migración. Previamente cuando El Observador lo contactó, Rojas negó su participación.
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Defienden envío de documento Word con comentarios y control de cambios
Evelyn Castro, directora Comercial de Codisa que fue contactada por Migración en el estudio de mercado, aseguró que recibir un documento en formato Word no es usual. Esto porque se debería enviar una versión final no editable. Además le llamó la atención el comentario de Neithan Rojas funcionario de Racsa.
Aún así, Migración defendió que “se trabajó sobre un documento borrador” para continuar. “Debió haberse revisado el documento, sin embargo, el mismo no representa una obstrucción al proceso de contratación, por cuanto la asesoría presentada por Racsa data del 2017-2018”, justificó la institución.
Y aunque un formato Word con control de cambios activados no es lo normal, según Migración se envía “porque así lo solicitan las empresas para poder trabajarlo y responder sobre el documento y no tener que volver a transcribir todo el documento” (sic).
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Se desobedeció directriz del Micitt
El pasado 19 de julio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) regañó a Migración por el proceso por:
- no consultar a los entes rectores en Gobernanza Digital
- desoír decretos en el tema
- y para que tomara en cuenta aspectos claves
En la carta enviada a la directora Raquel Vargas, el ministro Luis Adrián Salazar recordó que en la Directriz N° 031-MICITT-H se ordenó la suspensión de los desarrollos de centros de datos, justo por lo que Migración pagará a Racsa casi $9 millones.
“Se ordena a la Administración Central y se instruye a la Administración Descentralizada a no iniciar nuevos procesos de construcción de centros de datos ‘data centers’”, instruye en el artículo 2 del decreto.
A pesar de la orden, Migración la desoyó y buscó la asesoría de diversos entes, públicos y privados. Insistió que necesitaban realizar “Estudios de Factibilidad, reuniones previas con proveedores, realizar investigaciones y estudios de mercado”. Ahí fue dónde participó Racsa y a la larga fue contratada.
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Racsa: “afán de colaboración” con posible cliente
Tras dos semanas de espera, Racsa se negó a responder consultas concretas de este medio. Ante la insistencia – y en una escueta respuesta – Radiográfica admitió haber hecho el aporte, en un proceso por el cual finalmente fue elegida y por el cual ganará millones de dólares.
“En un afán de colaboración, emite su opinión técnica sobre los distintos temas y eventualmente hace algunas recomendaciones a fin de contribuir con sus potenciales clientes en el adecuado abordaje de los procesos de transformación y actualización tecnológica”, señaló la empresa, que forma parte del Grupo ICE.
En sus breves palabras, el gerente Francisco Calvo se desmarcó de alguna anomalía, pues dijo que “cada Administración es la única responsable de valorar, analizar y determinar” las recomendaciones.
“Manoseo” de contrataciones
El diputado Pablo Heriberto Abarca confirmó su preocupación por el proceso que ya denunció ante la Contraloría General de la República. El socialcristiano reiteró que hay “manipulación y manoseo” con contrataciones directas entre entes públicos.
Por eso urgió a que se apruebe el proyecto 21.014 “Ley de Lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entes del derecho público”.
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Manuel Sancho
