Rodrigo Díaz
Entre 4.000 y 6.000 empleos directos e indirectos se perderían en caso de aprobarse un proyecto de ley que pretende nacionalizar todas las mercaderías en su punto de ingreso al país.
Así lo advirtieron la Cámara de Comercio y la Cámara de Exportadores que señalaron una serie de graves consecuencias económicas.
La principal afectación sería para los almacenes fiscales, agencias de aduanas y agentes de carga, entre otros, que operan en la Gran Área Metropolitana.
Además, se perderían los 235.000 metros cuadrados de patio que hoy se destinan para este tipo actividades.
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“Este expediente pretende combatir la defraudación aduanera con la revisión del 100% de las cargas que entran al país, realizando este trabajo en los puntos de ingreso. Por más noble que sea esta intención, es utópica e ingenua. El Sistema Aduanero del país no tiene la capacidad de realizar una labor como esta; de hecho, casi ninguna aduana del mundo es capaz de realizarlo”, señaló Roxana Sosa Ortíz, directora de la Cámara de Comercio de Costa Rica y presidenta de la Comisión de Aduanas.
Para enfrentar este problema se utilizan herramientas tecnológicas en conjunto con modelos de riesgo, que permitan identificar las amenazas de fraude. La inversión de $156 millones en “Hacienda Digital” tiene como objetivo brindarle al Sistema Aduanero la capacidad de disminuir la defraudación.
Actualmente, las importaciones pueden ser nacionalizadas en el punto de ingreso o también ser trasladadas a los 40 depósitos aduaneros que se encuentran distribuidos por todo el GAM.
Esto permite que los importadores puedan nacionalizar de acuerdo con sus necesidades. Además, tiene el beneficio de que el contenedor no regresaría vacío, lo que implica un menor costo para el importador.
Más costos
De aprobarse el proyecto habria también un aumento de los costos logísticos de las micro y pequeñas empresas que operan en el GAM.
Estas conforman el 75% del parque empresarial y estarían en riesgo de ir a la quiebra.
También se prohibiría el “Transito Aduanero” interno, el cual figura con regulación internacional. Por esta razón, esta iniciativa pondría a Costa Rica en una situación complicada en temas de comercio internacional.
El proyecto cuenta con el dictamen positivo de la Comisión Especial de la provincia de Limón. Esto pese a las advertencias de distintos sectores.
Sosa señaló que es comprensible que los legisladores busquen llevar desarrollo y empleo a las zonas que representan y combatir la defraudación aduanera.
Sin embargo, este proyecto encarecerá el costo de vida de las familias, debido a gastos adicionales que rondarían entre los $500 y $800 por concepto de traslado de las mercancías desde los puntos de entrada, ya sea Peñas Blancas o Limón hasta el GAM, y que se trasladarían al precio final.
La ejecutiva agregó que la iniciativa carece de sustento técnico, no viene a crear nuevos empleos, sino que los traslada y complica aún más la logística de exportación e importación.
“El país requiere avanzar hacia un nuevo patrón de crecimiento que aproveche sus recursos ya existentes para lograr esquemas logísticos más estables, confiables y eficientes.”, manifestó Luis Fernando Quesada Coghi, Vicepresidente de CADEXCO.
Rodrigo Díaz
