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Ministra de Justicia: monitoreo electrónico de reos funciona pero puede ser perfeccionado

Finalmente la ministra de Justicia, Marcia González, se presentó ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa….

Por Marco Marín

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Ministra de Justicia: monitoreo electrónico de reos funciona pero puede ser perfeccionado
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Finalmente la ministra de Justicia, Marcia González, se presentó ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Los diputados convocaron a la jerarca, para referirse sobre los cuestionamientos que ha recibido el programa de monitoreo electrónico de privados de libertad.

Desde su implementación, la modalidad de pena sustitutiva ha recibido duras críticas. Incluso una consultoría hecha a petición del Ministerio de Justicia y Paz, por el portugués Nuno Caido aseguró que los lineamientos actuales del programa impiden que el sistema sea funcional.

A pesar de esto, para González el plan funciona bien y fundamentó su opinión en el bajo número de reincidencia entre los beneficiarios del programa, en contraposición del resto de la población carcelaria.

La Ministra nuevamente achacó los problemas del sistema a los problemas de comunicación, a raíz de la tecnología que se utiliza, la cual es GSM. Para González este es uno de los problemas, junto con la lentitud de los jueces para responder las solicitudes de revocatoria, para condenados reincidentes.

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“Esto lo evidencia la taza de reincidencia. Entre las personas que están en la cárcel, es del 21%. Acá estamos hablando de un 2,1% de personas (en este programa) que comenten nuevos delitos. Es bastante evidente que estas no son personas que andan en la calle siendo un peligro para la sociedad. Por más que haya falencias en el sistema”, dijo a los diputados.

“Si un sistema está funcionando con su fin u objetivo para o cual fue creado, podemos perfeccionarlo. Lo que era un plan piloto se aumentó a nivel nacional. Nosotros hicimos los ajustes”, aseguró.

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Tecnología reciente…¿pero obsoleta?

El diputado del Partido Liberación Nacional, Roberto Thompson, le recriminó si no era una contradicción llamar obsoleta, una tecnología que fue contratada hace tan solo dos años.

“Yo no estuve en el proceso de contratación ni sé los criterios que se utilizaron para que se escogiera esta tecnología. Lo que sí estamos claros es que no es una tecnología de punta y está generando falencias”, afirmó Marcia González.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) provee el servicio tecnológico de la plataforma. El contrato entre ambas instituciones fue firmado en octubre del 2016 y entró en vigencia en febrero del 2017. Fue una contratación directa en la cual hubo dos participantes.

El costo del programa, para este año, es de ¢8.000 mil millones.

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Revocatoria por incumplimientos

Sobre el tema de las revocatoria, González aseguró que “si los jueces no se pronuncian, ellos no pueden hacer nada”.

“Tenemos una situación muy compleja con la Corte Suprema de Justicia, que es la lentitud de las respuestas que enviamos a los jueces sobre las revocatoria por los incumplimientos. Solamente cerca de un 15% de los reportes enviados tuvieron una respuesta y una quinta parte de ellas tardaron más de dos meses”, aseguró.

Según la jerarca, tienen un caso que acumula 13 solicitudes, sin que se haya tenido respuesta alguna.

Además la ubicación geográfica de los condenados con esta pena les genera problemas de logística. De los 1.571 reos que tienen esta medida, solo el 50% de ellos se encuentran en la Gran Área Metropolitana (GAM), añadió la Ministra.

Hace más de una semana, la ESPH – que da el servicio de tobilleras electrónicas con su firma IBUX – culpó a Justicia y Paz de inacción en la vigilancia de unas 596 personas portadoras del dispositivo.

Según la Empresa, 430 de ellas tienen sus dispositivos descargados, mientras que otras 166 tienen problemas con la cobertura de las redes móviles.

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