Tomás Gómez
El ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, calificó de “inexactas” e “inconsistentes” las declaraciones dadas por la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo sobre la información contenida en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
“La inexactitud de una entidad como la Defensoría de los Habitantes y falta de conocimiento, teniendo ella la investidura que tiene, socava la credibilidad de la institución que representa y atenta contra la institucionalidad democrática. Ante ello, queda cuestionarse ¿quién nos defiende de una Defensoría poco informada?”, declaró el jerarca a través de un comunicado de prensa circulado este sábado.
Al presentar su informe sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), Crespo, afirmó que Casa Presidencial había tenido acceso a información sensible de los costarricenses mediante el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.
En dicho sistema se concentran datos de las ayudas que otorgan al menos 30 instituciones pero, de acuerdo con las declaraciones de Bermúdez, no contiene información relacionada con el estado de salud y enfermedades de las personas.
No obstante, el jerarca sí admitió haber entregado información a la oficina de datos del Ejecutivo.
De acuerdo con el Ministro, en marzo del 2019 se suscribió un convenio con el Ministerio de la Presidencia para que el Gobierno tuviera “acceso a información relativa a las condiciones socioeconómicas de las personas beneficiarias y de las potenciales beneficiarias de los programas sociales”.
Así, Casa Presidencial estaría conociendo detalles de las personas beneficiadas con ayudas como transferencias monetarias condicionadas a estudiantes, ayudas técnicas y financieras a personas en situación de discapacidad, o pensiones no contributivas para adultos mayores.
El viernes anterior El Observador dio a conocer que en el 2018 el Ministerio de la Presidencia pidió acceso a la información. La oficina, entonces a cargo de Rodolfo Piza, solicito un usuario para acceder a los datos de manera irrestricta.
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Aunque los cuestionamientos contra el manejo de datos por parte del Gobierno se dispararon la semana anterior con la entrada en vigencia del decreto que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la ministra de Comunicación, Nancy Marín, admitió que la labor se desarrollaba desde hace año y medio.
Desde las primeras vinculaciones con el caso de la UPAD, el exministro Rodolfo Piza alegó no tener relación con el tema, el cual se institucionalizó tras su salida de Zapote.
«Yo no idee la UPAD ni renuncié por ella», afirmó Piza.
Dudas se siguen sumando
En medio de la crisis política que afecta al Gobierno por la creación y operación de la UPAD, la prensa ha expuesto diversos intentos de Casa Presidencial por el acceso a información sensible.
El fin de semana anterior, El Observador dio a conocer que en medio de la campaña de elecciones municipales, el asesor Alejandro Madrigal había trabajado datos relacionados al apoyo electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC), iglesias evangélicas, apoyo a huelgas y asistencia a clases de sexualidad.
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Este viernes, también este medio develó que Madrigal sugirió a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) un convenio para poder acceder al Centro de Información Crediticia (CIC), con registros personales sobre deudas. El superintendente Bernardo Alfaro calificó la petición como «totalmente improcedente».
A eso se sumó la publicación de Diario Extra por la solicitud de datos de Registro Civil hecha al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la de CRHoy, donde se mostró la petición de información de planillas a la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual fue rechazada.
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