Paula Ruiz
El Ministerio de Salud estará de acuerdo con la producción y comercialización de cannabis medicinal una vez que se garantice un blindaje que no permita el uso recreativo.
Esa fue la reacción de Daniel Salas, ministro de Salud, al ser consultado por la iniciativa de ley que pretende un marco regulatorio para ese fin, así como para el cáñamo.
“Estamos conscientes que sea cuando el país tenga condiciones para garantizar que no va a haber vulnerabilidad en otras áreas de seguridad y contrabando”, dijo.
Por eso, apoyarán la propuesta hasta que la producción esté blindada solo para ese fin, pues de lo contrario habría efectos colaterales, afirmó Salas.
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El ministro reconoció que es un problema más de seguridad pública que de salud pública, al aceptar avances científicos sobre el uso de cannabis para fines medicinales.
Razones similares dieron los legisladores restauracionistas Mileidy Alvarado y Giovanni Gómez.
Ambos congresistas votaron en contra del dictamen del proyecto de ley en la Comisión de Ambiente.
“Este proyecto habla de Cannabis Psicoativo, mejor dicho marihuana, es decir que las personas van a poder cultivar esta planta en sus hogares, a pequeña escala ya que es para el autoconsumo”, manifestó Alvarado.
La presencia de niños y adolescentes en hogares donde podría permitirse el cultivo de esta planta, podría exponer a los menores de edad, justificó la legisladora.
El proyecto busca la producción y comercialización de cannabis medicinal. Foto: Freepik.
Solo cáñamo
El Gobierno respalda que el proyecto de ley sea solo para cáñamo, según reveló Casa Presidencial el miércoles por la noche.
“El cáñamo es una industria mundial en desarrollo, con expectativas de crecimiento que rondan el 22%”, indicó Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia a la Comisión de Ambiente en una carta enviada a la Comisión de Ambiente en el Congreso.
“Se estima que la utilidad en cuanto a sus derivados podría ser de hasta un aproximado de $10.000 dólares estadounidenses por hectárea”, agregó.
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Por otra parte, el Poder Ejecutivo aceptó en la misiva que no tiene la capacidad para fiscalizar la producción de cannabis medicinal.
“El Estado no cuenta con los recursos que requeriría el control de su producción, comercialización y consumo, para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos”, explicó Prieto.
La iniciativa es impulsada por la diputada independiente Zoila Rosa Volio y se tramita mediante el número de expediente 21.388.
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