Paula Ruiz
Dos ministros de Gobierno tenían conocimiento sobre el hueco presupuestario en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), informó José Luis Araya, jefe de Presupuesto Nacional.
En específico, se trata de Rodolfo Méndez Mata como ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Rocío Aguilar, cuando fungía como ministra de Hacienda.
Así lo indicó Araya, este jueves, durante su audiencia en la Comisión Especial Legislativa que investiga el Caso Cochinilla.
Araya detalló que debido a este faltante hubo una reunión urgente donde estuvieron ambos jerarcas, además del exasesor presidencial Camilo Saldarriaga y Carlos Solís de Conavi. Este último estuvo detenido tras los allanamientos que revelaron este caso.
Dicha reunón se dio en 2019, aseguró el funcionario. En la cita, el jeracarca del Mopt planteó “que tenía una necesidad de recursos por ¢70.000 millones para construcción de obras”, relató.
OBSERVE MÁS: Caso Cochinilla: Falta de comunicación entre auditores del MOPT y Conavi complicó investigación
Este faltante se debia a que Hacienda no le había girado en 2018 por cobro de impuesto a propiedad de vehículos y combustible, y a Tesorería no le dio tiempo para hacerlo, afirmó Araya.
Después de ese encuentro “se toma la decisión de buscar donde darle financiamiento y ahí es donde se encuentra que por gestión de deuda hay sobrante en amortización y se hace traslado”, detalló el jerarca.
Diputados como José María Villalta y Pablo Heriberto Abarca criticaron el traslado de recursos implicando esto una modificación entre las partidas.
En este punto, señalaron que mientras el país aprueba empréstitos para reducir la deuda, en esta oportunidad se utilizó dinero que se ahorró a través de esos créditos, para solventar este faltante.
Responsable del presupuesto
Por otra parte, la diputada Paola Valladares consultó a Araya quién es el responsable del presupuesto del Conavi.
Araya explicó que son los jerarcas de cada ministerio los que tienen la responsabilidad de enviar el presupuesto hacia el Ministerio de Hacienda.
Allí, Hacienda hace un análisis y advierte de posibles inconsistencias que deban ser modificadas por el ministerio.
El Caso Cochinilla estalló el lunes 14 de junio tras una serie de allanamientos realizadas por el OIJ en casas de habitación e instituciones públicas.
Producto de ello, se detuvo a 28 personas y solo dos contra dos se dictó prisión preventiva de cuatro meses las cuales se cumplen después del revés de un juez.
Diputados criticaron modificaciones presupuestarias. Cortesía.
