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Monitoreo a una ministra en entredicho

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Crédito: Douglas Campos

Un cúmulo de papeles tienen a la abogada Marcia González bajo presión.

A inicios de semanas trascendió una alerta de que su despacho en el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), no atendió supuestos problemas en el seguimiento 596 beneficiarios del sistema de vigilancia electrónica.

Por ese mismo motivo, contra la jerarca, de 50 años, se tramitaron al menos dos denuncias en lo que va del mes.

OBSERVE MÁS: ESPH culpa a Justicia de ausencia de monitoreo a 40% de personas con tobillera electrónica

También, los diputados la citaron para que rindiera cuentas sobre las tobilleras pero la expresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC) decidió no presentarse para atender otros asuntos atinentes a su cargo y, en su lugar, envió a subalternos suyos; lo que molestó a los legisladores, quienes ahora advierten que, de cancelar de nuevo, la traerán con la policía.

Ese conjunto de situaciones colocan a González en uno de los momentos más álgido desde que asumió el cargo el 8 de mayo de 2018.

Así es como Marcia González Aguiluz, abogada de profesión, madre de dos hijos e a hija Evangelina Aguiluz y Hernán González Gutiérrez, uno de los fundadores del Partido Liberación Nacional; resultó ser el personaje de la semana en El Observador.

Controvertido monitoreo

El gerente general de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Édgar Allan Benavides, envió a la ministra Marcia González una nota el 10 de setiembre de 2019. Ambas partes mantienen una relación contractual desde el 2017, para la provisión de brazaletes electrónicos.

Allí, el funcionario expuso a la jerarca su “gravísima preocupación” por fallos en la vigilancia ya que, en su centro de seguimiento, hallaron que 430 aparatos están descargados y otros 166 tienen problemas con la cobertura de las redes móviles.

OBSERVE MÁS: Justicia niega fallo en monitoreo de tobilleras y asegura que solo fueron “interrupciones” de la conexión

Alertas similares se le comunicaron a la jurista por escrito, en ocho ocasiones en el último año, tal y como lo dio a conocer la empresa proveedora en una conferencia de prensa.

Justicia y Paz negó a toda costa que haya perdido el control de los beneficiarios del monitoreo y calificó las críticas de la Empresa de Servicios Públicos como una “cortina de humo”, con la que pretende disuadir la atención por los faltantes de brazaletes denunciados por la cartera.

Reclamos escalados

Las quejas por la inacción de Marcia González, figura fuerte del partido en el poder, no son ajenos para la Procuraduría de la Ética Publica (PEP) ni la Contraloría General de la República (CGR).

El primero de los órganos recibió dos denuncias el 6 y 9 de setiembre de 2019. Este medio logró confirmar que una de ellas pertenece a la Empresa de Servicios Públicos y que ambas refieren a hechos similares.

OBSERVE MÁS: Procuraduría de la Ética estudia dos denuncias contra ministra de Justicia

Por su parte, el segundo, desestimó un reclamo por aparentes irregularidades en la ejecución del contrato que vincula a la compañía proveedora con el Ministerio de Justicia y Paz.

La jerarca eludió referirse a las quejas en el tanto que las desconocía.

Ausente en descargos

Marcia González evitó aparecer en cada espacio en el que tuvo oportunidad de defenderse.

Ejemplo de ello es cuando el Ministerio de Justicia y Paz convocó a los medios de comunicación para sacudirse de los señalamientos de la Empresa de Servicios Públicos. En su lugar, a la prensa la atendió el director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez.

OBSERVE MÁS: Ministra de Justicia cancela audiencia con diputados otra vez; se valora convocarla con uso de la Fuerza Pública

Tampoco lo hizo cuando este medio le pidió una reacción sobre las denuncias en su contra.

La ausencia más notoria se dio el jueves, cuando la jerarca canceló -para atender asuntos de su agenda- una audiencia ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. A raíz de esto, los congresistas reprogramaron para el próximo jueves y amenazaron con hacerla traer con el uso de la Fuerza Pública, en caso de que piense faltar de nuevo.


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