Josué Alvarado
La aplicación masiva de moratorias de pago en los créditos, prórrogas, readecuaciones y refinanciamientos es una de las principales causas de la intervención que se hace a la cooperativa CS Ahorro y Crédito (antes conocida como Coopeservidores).
Las “malas prácticas de moratoria de pago” aplicadas el año pasado provocaron un reajuste en las estimaciones crediticias por el orden de ¢30.422 millones.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) detectó que durante el primer trimestre del 2024 el efecto se mantiene y, más bien, se incrementó el riesgo de crédito debido a que ahora se deben mover algunas operaciones a una categoría de mayor riesgo, producto de los arreglos de pago vencidos.
La estimación para el primer trimestre del 2024 llega a ¢12.224 millones. Aquí se incluyen montos de cartera que estaba sana pero que se ha deteriorado con el paso de los meses.
“Los aspectos evaluados revelan la posibilidad de que se materialicen en el corto plazo riesgos a la solvencia y estabilidad de esta cooperativa”, dice el acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), órgano que aprobó la recomendación que hizo Sugef de intervenir CS Ahorro y Crédito.
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Otras hallazgos de la Sugef son:
- A 14.834 operaciones se les hizo una recalificación como Operación Crediticia Especial. Las motivaciones para tomar estas decisiones tienen errores e inconsistencias. El monto de estas operaciones llega a ¢122.316 millones, correspondientes a 11.381 deudores.
- 523 operaciones no aparecían en los sistemas como refinanciadas, aunque se liquidó la operación u operaciones de crédito a nombre del mismo deudor
- Había operaciones de crédito por ¢6.661,8 millones que fueron reportadas como refinanciadas y luego modificadas mediante prórrogas y readecuaciones, lo que revela debilidades en la gestión de riesgo
- Inconsistencia en la capacidad de pago de 14.834 operaciones
- Operaciones de crédito que reportaban en el campo de tipo de “cartera” diferentes datos a lo largo del tiempo
- Aparentes incumplimientos del marco legal, relacionados a al capitalización de los intereses sin que se hubiera liquidado la operación, entre otros
Pérdidas han crecido
Entre otros hallazgos, resultado de estas decisiones, al cierre del 2023 la entidad presentó pérdidas por la suma de ¢26.975. Al cierre de marzo del 2024 ya se alcanzaba la suma de ¢5.121,05 millones en pérdidas y para abril habían subido a ¢15.038,86.
El acuerdo del Conassif explica que si bien en este momento la entidad cuenta con indicadores de regularidad financiera, las proyecciones dicen que estará en situación de irregularidad si no se toman medidas.
También señala que no es recomendable llegar a ese punto para la intervención, por cuanto los fondos de los asociados e inversionistas están cada vez en mayor riesgo.
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Cúpula ocultó información
En el informe que Sugef envió a Conassif a inicios del 2024 también se alerta de negligencia y manejo irregular por parte de los órganos de dirección y de alta administración. Según la superintendencia este actuar irregular “permitió el ocultamiento de información financiera real, al supervisor, a sus asociados, ahorrantes e inversionistas”.
“Aplicaron en gran volumen la moratoria de pagos de créditos malos, a los cuales, entre otros aspectos, no se les ejecutó ninguna gestión de cobro.
“No se evidencia que ninguna de las instancias de gobierno corporativo haya cumplido efectivamente sus funciones y responsabilidades para advertir y mitigar la ejecución de este mecanismo”, resume el acuerdo de Conassif, que se publicó en La Gaceta este jueves 16 de mayo.
Intervención podría tardar hasta 60 días
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que fue el órgano que ordenó la intervención informó que los 131.500 asociados no podrán retirar, transferir, mover o usar de alguna forma sus fondos. Tampoco pueden usar tarjetas de débito y crédito.
Las personas con obligaciones financieras (como préstamos y tarjetas de crédito) deben atender todas sus obligaciones sin ningún cambio.
Esto mientras el interventor, Marco Hernández Ávila, finaliza el proceso. La intervención tarda inicialmente 30 días naturales, pero podría extenderse por otros 3o.
Al término de este proceso se determinará si CS Ahorro y Crédito mantiene o no las condiciones adecuadas para seguir operando. El interventor realizará una recomendación al Conassif respecto a los siguientes pasos a seguir.
Dicha intervención puede terminar en un proceso que permita regularizar la entidad y mantener su funcionamiento. También podría concluir en un cese ordenado de las operaciones de la entidad.
“El objetivo de la intervención es determinar si, en tales condiciones, una entidad es viable o no”, dice Conassif.
