Paula Ruiz
Las municipalidades y los alcaldes pidieron al presidente de la República Rodrigo Chaves, derogar un decreto ejecutivo que les traslada más calles a su cargo sin un aumento presupuestario.
Se trata del Decreto 44263- MOPT cuyo impacto sería que las municipalidades atiendan unos 3.000 kilómetros de rutas nacionales, actualmente a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para las que tiene asignados un porcentaje del 21,75% del impuesto a los combustibles.
En una carta enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y las Federaciones Municipales hicieron la solicitud al mandatario.
“Consideramos que la derogatoria del decreto es fundamental para asegurar que se respeten los principios constitucionales y se mantenga la armonía y el correcto funcionamiento de las instituciones locales”, señalan las agrupaciones en la misiva de la que El Observador tiene copia.
El 14 de junio, alcaldes del Área Metropolitana le externaron a Chaves la preocupación, durante una reunión que tuvieron de manera presencial.
En ese evento, el Presidente les pidió 20 días para enviarles una respuesta sobre este tema. Sin embargo, para el gremio municipal, es urgente tener este criterio porque les ha generado preocupaciones y debates “especialmente en lo referente a su constitucionalidad en relación con la Ley 8801, así como al traslado de los recursos económicos para la atención de las vías”.
“La importancia de este pronunciamiento radica en la necesidad de brindar claridad y certeza jurídica a nuestras municipalidades y comunidades, que actualmente se encuentran en un estado de incertidumbre debido a las implicaciones negativas del mencionado decreto”, señaló la UNGL, ANAI y Federaciones municipales en la misiva.
“En todo el territorio nacional hay calles y caminos que por años han estado abandonados por parte del Conavi y el MOPT. Se trata de rutas nacionales que hoy las quieren trasladar a los gobiernos locales, pero sin una transferencia adicional de recursos. Es por esto que nos oponemos y solicitamos la derogatoria del decreto, para abrir de inmediato una mesa de diálogo y negociación en la Asamblea Legislativa que busque más recursos para la red vial”, indicó Maikol Porras Morales, Alcalde de Sarchí y presidente de ANAI.
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Jerarcas de la UNGL figuran entre los que firmaron la petición para el mandatario. (Foto Cortesía/UNGL).
A partir de julio
El decreto en cuestión es de setiembre de 2023, pero comenzaría a regir a partir del 10 de julio.
Patricia Porras, presidenta de la UNGL señaló que Conavi cuenta con los recursos para atender la red vial que les pretenden trasladar porque en 2023, cerraron con un superávit de ¢9.306 millones.
Actualmente, los gobiernos locales se encargan de 38.032 kilómetros de la totalidad de la red vial. Para ello, se les trasladan recursos mediante la ley 8114.
“Mientras tanto el Conavi tiene la responsabilidad sobre 7939 kilómetros de la red vial del país. Tal como indica el Lanamme de la Universidad de Costa Rica, la red vial cantonal es treinta veces mayor que la red vial nacional”, defendió la vocera de la Unión.
Porras destacó que el decreto es inconstitucional por “violentar la autonomía Municipal y la reserva de ley contenidos en el artículo 170 de la Constitución Política y a la Ley que desarrolla este artículo que es la Ley 8801”.
Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transportes afirmó con anterioridad que no van a derogar el decreto, pero que sí les trasladarán más contenido económico para atender la red vial adicional.
Según Batalla, se les explicará a los alcaldes el porcentaje que se les dará y además, se les presentará un informe sobre la subejecución que han tenido los gobiernos locales para atender la red vial cantonal.
Asimismo, destacó que el traslado de calles será de aquellas que no son estratégicas para la red vial nacional y que pueden ser gerenciadas por los 84 alcaldes.
De esta manera, cada municipalidad podrá decidir a cuál calle darle prioridad para su atención. Batalla aceptó que el giro de más recursos debe hacerse a través de un proyecto de ley en el cual están trabajando.
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