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Negociación con el FMI comenzaría en enero, a menos que diputados se opongan

El Gobierno proyecta iniciar las negociaciones para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero, tras presentar…

Por Christine Jenkins Tanzi

Tiempo de Lectura: 7 minutos
Negociación con el FMI comenzaría en enero, a menos que diputados se opongan
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El Gobierno proyecta iniciar las negociaciones para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero, tras presentar una nueva propuesta a los diputados.

Eso sí, tras alcanzar un acuerdo político que asegure la viabilidad de la propuesta, dijo Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

Un eventual rechazo del Congreso  “sería incluso peor” que no lograr un acuerdo, dijo Cubero en entrevista con El Observador.

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Por eso, el Gobierno ahora contempla un ajuste mas gradual que el plan original planteado en setiembre. La primera versión fue rechazada al depender en su mayor parte de aumento de impuestos.

Sin embargo, por el momento, el Gobierno se ha limitado a decir que la nueva propuesta alcanzaría un ajuste fiscal de 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), sin especificar las medidas.

“Consecuencias incluso peores”

– Usted mencionó anteriormente que el cierre del diálogo no se debería atrasar más allá del 20 de noviembre para iniciar la negociación con el FMI. Sin embargo, más de dos semanas después, no ha empezado aún el proceso. ¿Eso presenta un problema? 

No hay duda de que el ajuste fiscal que el país necesita tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, porque la gran mayoría de las medidas tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos que se deberán tomar, son de naturaleza legislativa.

Para poder forjar los acuerdos legislativos que se necesitan, el Gobierno estimó necesario abrir un proceso de diálogo multisectorial que le diera viabilidad a esos acuerdos.

Pero, sin duda, hay que seguir avanzando, y rápido. El tiempo corre para los mercados, los mercados internacionales y domésticos han mostrado cierto nivel de entendimiento sobre lo que el país está haciendo con el diálogo, pero tampoco tienen una paciencia infinita.

– Entonces, ¿para cuándo podríamos esperar el inicio de las negociaciones?

El inicio de las negociaciones formales con el FMI dependerá de cuán rápido se avance en las negociaciones informales con la Asamblea Legislativa, que yo lo vería como una condición ‘sine qua non’ (sin la cual no).

Si entramos en un acuerdo con el FMI y las condiciones que están planteadas en ese acuerdo al final no se pueden aprobar, eso nos llevaría a una especie de estancamiento del acuerdo que tendría consecuencias incluso peores al de no aprobarlo.

Esos recursos se estarían dando sobre un plazo de tres años, de manera que aquí estamos hablando de alrededor de unos $600 millones por año.

Para el país sería muy problemático tener un acuerdo con el FMI, cuyos desembolsos se den en tractos -porque así funciona el FMI- que se aprueben en el momento en que constate el avance en la aprobación de las medidas necesarias para cumplir con el cronograma que se había planteado.

La ausencia del cumplimiento de esas medidas llevarían a una no aprobación de los tractos de los desembolsos del crédito del FMI y eso más bien podría generar problemas de credibilidad mayores.

Cronograma con el FMI

– Me imagino que ustedes, independientemente del tiempo que se lleve de más, ¿deben tener algún tipo de proyección de cuándo seria importante arrancar con esas negociaciones?

Es ciertamente una meta móvil, es decir nosotros hemos tenido que ir ajustando obviamente el cronograma a las circunstancias, pero en este momento lo que parece razonable es que las conversaciones con el FMI se formalicen en algún punto a principios de enero.

Esto no impide que el equipo económico mantenga conversaciones con el FMI antes de esto para ir avanzando en la construcción de lo que podrían ser eventualmente las condiciones.

Eso se irá haciendo ciertamente en los días que restan de diciembre. Pero parece que en este momento, dada la necesidad de iniciar el proceso de conversaciones con la Asamblea Legislativa cuanto antes y dado que estamos hoy a 8 de diciembre (martes), tenemos ya que esperar posiblemente a los primeros días de enero para hablar formalmente con el FMI.

Todo ese proceso de las negociaciones, yo esperaría que tome alrededor de unas dos semanas.

El FMI estaría llevando una vez concluidas las negociaciones los documentos respectivos a sus departamentos internos y a su administración interna, luego la aprobación finalmente por el directorio ejecutivo que lo componen 24 directores.

Mientras se dan las aprobaciones internas en el FMI, yo esperaría que se pueda avanzar en la Asamblea Legislativa el programa de ajuste fiscal que requiere ley para la mayoría de las medidas. Ojalá que esa legislación se pueda ir avanzando lo más posible mientras el FMI hace el proceso de aprobaciones internas.

Semanas de silencio

– Las semanas de silencio por parte del Poder Ejecutivo sobre la incertidumbre de si iba a acudir al FMI, ¿implica que se dudó en algún momento?

Me parece que no se dudó en ningún momento de eso. Simplemente se entendía que el momento para plantear el tema del Fondo no era durante la mesa de diálogo multisectorial; había que darle espacio a esas mesas de diálogo para que manifestaran también sus puntos de vista, de manera que se puso en pausa las negociaciones con el FMI.

Creo que el Señor Presidente de la República siempre ha estado muy claro, desde que inició la pandemia, en que íbamos a necesitar un ajuste adicional a la reforma fiscal de diciembre del 2018 y que ese ajuste había que hacerlo con el FMI para darle mejores condiciones al país.

El choque de la pandemia es temporal pero el impacto que puede tener sobre las finanzas públicas se puede volver permanente, al desplazarse la trayectoria de la deuda del Gobierno Central.

Con la contracción económica y su impacto sobre la recaudación fiscal, empiezan a aumentar también las tasas de interés que debe pagar el Gobierno en mercados domésticos e internacionales, como consecuencia de la mayor percepción de riesgo.

Esto podría llevar a un círculo vicioso de mayores tasas de interés y mayor gasto por intereses al Gobierno, a menos que se dé un ajuste fiscal de naturaleza permanente que tranquilice a los inversionistas.

Hacerlo en el seno de un acuerdo con el FMI trae varias ventajas: uno, los recursos que estamos hablando de unos $1.750 millones, casi un 3% del PIB, es un monto que no es suficiente para financiar al Gobierno un año pero es un monto bastante importante.

En segundo lugar, representa un sello de confianza en las políticas económicas del país, y esta confianza es importante que se dé no solo ahora en la pandemia sino que se dé en el tránsito del siguiente periodo electoral que se avecina.

Impuesto a transacciones financieras

– La primera propuesta para el FMI recurría a un nuevo impuesto a las transacciones financieras. Desde entonces no ha sido un tema que haya tenido mucho protagonismo. ¿Se han replanteado este tipo de impuesto o lo ven viable?

Quedó claro que este impuesto no gozaba de mucho apoyo en algunos sectores y tampoco salió con fuerza de los diálogos multisectoriales. De manera que es una medida de ingresos que el Gobierno tendrá que plantearse con cuidado en términos de su viabilidad política.

De nada sirve que nos comprometamos con el FMI a adoptar medidas que eventualmente no van a ser adoptadas por una Asamblea Legislativa en la que el Gobierno solo cuenta con 10 diputados. En el mejor de los casos, necesitará al menos 29 para aprobar ajustes fiscales.

Hay también cuestionamientos desde el punto de vista técnico que son absolutamente válidos; nosotros los externamos también desde el Banco Central.

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Este impuesto, en el mejor de los casos, debería ser temporal porque genera efectos de desintermediación. Cuanto más alta sea la tasa del impuesto y cuanto más largo el periodo en que se aplica, más se empieza a salir la gente del sistema financiero, más se reduce la base imponible del impuesto y consecuentemente menos recauda.

La evidencia de lo que han hecho estos impuestos en otros países sugiere que (…) su base imponible tiene que ser medida con cuidado, su tasa tiene que ser lo más baja posible y su dimensión temporal tiene que ser limitada. Es decir, no podría ser un impuesto permanente, tendría que ser planteado por uno o dos años y no mucho más que eso.

Rescate de medidas propuestas

– En términos generales ¿cuál ha sido la reacción del FMI sobre esa primer propuesta, aunque sea informalmente?

El FMI está de la mano del Gobierno en la necesidad de hacer un ajuste fiscal. Esa primera propuesta era ambiciosa (..) con la idea de evitar que la trayectoria de la razón de deuda del Gobierno Central al PIB excediera el 80%, y ojalá que no cruzara mucho más allá del 70% con que vamos a cerrar este año.

Para eso se planteó una serie de medidas temporales fundamentalmente del lado de los impuestos. Algunas de las medidas que van en esa dirección de la propuesta del 17 de setiembre pueden ser rescatadas, pero el paquete como un todo ciertamente no.

Podrían tener mayor viabilidad algunos componentes por el lado del gasto y algunos que tienen que ver por el lado de los ingresos, con mejora en la eficiencia recaudadora; por ejemplo el proyecto de Hacienda Digital, o los esfuerzos para reducir la pérdida de recaudación fiscal que se da como consecuencia de las exoneraciones.

Lo que resulte posiblemente vaya a ser significativamente menos ambicioso. Lo que es viable políticamente en este momento va a ser algo que no nos va a permitir reducir tanto la deuda.

En el tanto la magnitud de ese ajuste sea suficiente para alcanzar los objetivos planteados, el FMI va a estar de acuerdo.

¿Será suficiente?

– El ajuste de 2,5 puntos del PIB que están diciendo ahora que se van a alcanzar ¿será suficiente?

En principio sí. Mucho tiene que ver con el punto de partida a partir del cual se aplica ese 2,5% de ajuste permanente.

La recuperación económica del país en el 2021, 2022 y 2023 va a aumentar la recaudación tributaria y el déficit iría cayendo.

Nosotros vamos a tener un ajuste fiscal simplemente por la vía de la recuperación. Una vez que ajustamos por el impacto que tiene la recuperación económica sobre el balance fiscal, ¿cuánto más tenemos que reducir ese déficit primario?

La respuesta es alrededor de 2,5 puntos porcentuales del PIB en forma permanente para alcanzar las metas trazadas en la carta de intenciones que firmamos el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y yo, en el seno del acuerdo de financiamiento rápido (RFI).

Ahí se hablaba de dos metas: una de llevar el balance primario a un superavit de 2,2% del PIB en el 2024 y alcanzar una razón entr la deuda y el PIB de 50% para el 2034.

Con el FMI la conversación se ha mantenido fluida a nivel informal. No se han iniciado negociaciones formales pero digamos que esas metas se han ajustado un poco. Básicamente el 2,5% del que hemos hablado tiene que ver con alcanzar las metas coherentes con esas anteriores, pero reformuladas en una nueva versión que eventualmente podemos compartir, pero todavía no.

Al final, pueden haber nuevas proyecciones de crecimiento económico que podrían llevar a una necesidad de ajuste fiscal más baja. Las proyecciones de inflación, de lo que podrían ser las tasas de interés a futuro para el Gobierno Central, todo eso podría afectar el tamaño del ajuste que eventualmente se requiera.

Estas van a ser metas que se van a mantener ajustándose hasta que se formalicen en un acuerdo, posiblemente hacia mediados de enero en el 2021.