Paula Umaña
La propuesta que hará la administración Alvarado Quesada al Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye un apartado para el cierre o transformación de órganos desconcentrados.
Según las estimaciones del Gobierno, con la medida se daría la eliminación de 197 plazas y un ahorro de ¢18.152,6 millones en el primer año.
El apartado contempla la eliminación de un total de 14 órganos desconcentrados; las funciones de 9 de estos órganos serían trasladados a un ministerio y las funciones de los otros 5 serían eliminadas en su totalidad.
Asimismo, la propuesta incluye que dos órganos más serían transformados y fusionados; otros dos pasarían a un ministerio distinto al que pertenecen.
“Aparte del ahorro en remuneraciones se asumen ahorros en las partidas de servicios, materiales y suministros y bienes duraderos”, señala el documento.
La estimación de ahorro en los siguientes cuatro años al acuerdo serían:
- ¢18.152,6 millones en el primer año
- ¢20.317,3 millones en el segundo año
- ¢20.840,3 millones en el tercer año
- ¢21.378,8 millones en el cuarto año
“Para efectos de este acuerdo que queremos negociar con el FMI estamos planteando el cierre y fusión de órganos desconcentrados; la eliminación de la personería jurídica instrumental en algunos casos que también es un mecanismo que le resta eficiencia al actuar de los ministerios y en el gasto público”, dijo Elian Villegas, ministro de Hacienda, durante la presentación de la propuesta.
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El Gobierno también incluye dentro de la propuesta modificar las distorsiones jurídicas de la Dirección General del Archivo Nacional y la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (Comcure), pero sin modificar sus ministerios ni sus funciones.
El primero pertenece al Ministerio de Cultura y Juventud; el segundo al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Reestructuración de servicios
El proyecto también contempla, de manera poco puntual, la reestructuración de servicios de apoyo tales como recursos humanos, proveedurías, departamentos financieros, legales, de planificación y otros de 68 órganos desconcentrados.
Los “potenciales beneficiarios” de la medida, según la propuesta, son funcionarios nombrados en propiedad, que no hayan recibido sus prestaciones legales ni hayan sido despedidos por causa justa, y que estén en puestos que la administración determine como prescindibles.
“Esta medida supone un salario promedio de ¢1.1 millones y un retiro de 599 personas, las cuales reciben 8 meses de cesantía, más 1.5 meses adicionales de vacaciones y preaviso”, señala la propuesta.
El primer año, la medida tendría un ahorro neto de 0.0043% del PIB; a partir del segundo año se experimenta un ahorro de 0.0301% del PIB, el tercer año un ahorro de 0.0294% y el cuarto de 0.0281%.
Para que las personas se retiren, se requiere de una inversión de ¢6.335 millones; la reestructuración sería en el primer trimestre del 2021.
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Paula Umaña
Un viaje diario entre palabras, versiones, hechos y verdades. Una periodista en constante aprendizaje, con el sueño de ser bióloga marina y sumergirse en las historias más profundas del gigante acuático.
