Hermes Solano
El Juzgado Penal de San José determinó que solo 6 de los 23 imputados en el Caso Azteca cumplirán prisión preventiva. Ninguno de ellos es funcionario de Acueductos y Alcantarillados o el Banco Nacional.
La Fiscalía solicitó medida cautelar de prisión para 13 personas, que incluía a tres funcionarios del AyA, así como el funcionario bancario; sin embargo, ninguno de ellos perderá su libertad para enfrentar el proceso.
Para seis integrantes de la estructura criminal se dictaron seis meses de preventiva. Se trata de las personas de apellidos Camelo, Montaño, López, García, Fernández y Guillén.
Mientras tanto, para todos los empleados públicos se ordenó suspensión del cargo por seis meses y además deberán firmar en el juzgado una vez al mes.
Se trata de los imputados de apellidos: Ulate, Corrales, Ramírez, Villalobos, Arias, Acuña, Balcázar, Mora, Araya, Cordero, Calvo, Torres, Fonseca, Aguilar, Vindas y Araya.
Además, contra los investigados de apellidos Segura, Ávila y Espinoza “se ordenaron las medidas cautelares de firmar una vez al mes y no tener contacto con los testigos de la causa”.
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El hombre de apellido Camelo estará seis meses en prisión preventiva.
El caso
La Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos investiga a un supuesto grupo criminal dedicado al trasiego internacional de drogas.
El dinero obtenido por ese ilícito lo comenzaron a mover o “lavar” a través de sociedades y empresas de construcción, con lo que lograron adjudicarse obras públicas, principalmente en el Pacífico.
Para eso contactaron a funcionarios del AyA, quienes facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal.
Incluso, en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos; a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago.
“La Fiscalía también confirmó que el grupo habría reclutado a un funcionario bancario, a efectos de que le colaborara a insertar en el sistema financiero nacional las ganancias ilícitas obtenidas”, indicó el Ministerio Público.
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