Redacción El Observador
Sergio Arce/ El Observador
El primer fin de semana de agosto del 2018 el país vivió un sacudón con la noticia de que en cuestión de 24 horas dos turistas extranjeras habían sido asesinadas en Tortuguero y Santa Teresa, dos tranquilos paraísos ubicados en el extremo norte del Caribe y en la península de Nicoya, respectivamente.
La española Arancha Gutiérrez y la mexicana María Trinidad Matus Tenorio murieron el 4 y 5 de ese mes.
Las autoridades detuvieron a varios sospechosos y corrieron para anunciar una serie de medidas interdisciplinarias en aras de evitar nuevos casos y, ante todo, dar tranquilidad al visitante, pero no lograron evitar que la noticia corriera como pólvora internacionalmente.
La imagen del país como un destino seguro y amigable se vio lastimada, en especial en España y México, países que tradicionalmente han sido de los principales emisores de turistas hacia Costa Rica.
Cuatro meses después (a inicios de diciembre) otro hecho de sangre estremeció al sector turístico y, en especial, al país: la venezolana-estadounidense Carla Stefaniak fue asesinada víctima de un ataque sexual en un hospedaje en Escazú. Hay un sospechoso detenido.
Días después trascendió el asalto a un grupo de turistas en Limón. Afortunadamente ninguna persona resultó herida.
Cifras aportadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dan cuenta de 138 denuncias de asaltos a turistas en todo el país en los primeros seis meses del 2018 (la institución no las tiene actualizadas con las del segundo semestre).
La mayor parte de los hechos se reportaron en los cantones de San José (central), Talamanca, Puntarenas, Osa, Quepos y Santa Cruz.
Así cerró el 2018, un año aciago para el turismo en Costa Rica, industria que aporta el 6.3% del PIB a la economía, aunque la cifra se eleva al 8.2% sumando los aportes directos e indirectos, de acuerdo con datos aportados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El país recibe cerca de 3 millones de visitantes.
Confianza en un año mejor
Por eso diferentes sectores (ICT, empresarios y Seguridad Pública, entre otros) reconocieron a El Observador la importancia de que este 2019 se convierta en el año para reafirmar aquella imagen idílica del país ante los mercados turísticos internacionales. Y esto pasa por trazar e implementar acciones que brinden seguridad.
Este medio intentó sin éxito conversar con los jerarcas del ICT, pero su oficina de Comunicación envió un comunicado que detalla los puntos que -indica- se han ejecutado tras los primeros crímenes de agosto pasado.
Uno de ellos es fue el “fortalecimiento del Comité Nacional de Seguridad Turística al más alto nivel”, que lo integran Seguridad, OIJ, Fiscalía General, Canatur y la Embajada de Estados Unidos.
El ICT acota que la entidad destinó $1 millón para la seguridad preventiva al tiempo que se firmaron convenios para construir y mejorar varias delegaciones y comprar equipo de comunicación y vigilancia.
Daniel Calderón, director de Fuerza Publica, lamentó los hechos ocurridos en el 2018 y aseguró que su dependencia trabaja no solo en la atención de los delitos sino en la prevención, en vista de un aumento en delitos como hurtos y tachas.
Defendió la importancia de que los turistas recién llegados al país reciban información sobre medidas de seguridad.
También abogó por una mayor cantidad de oficiales turísticos que atiendan zonas de mayor interés o críticas como las playas de Guanacaste y Puntarenas (especialmente la península de Nicoya) así como Limón y San José y que, idealmente, tengan conocimientos básicos en inglés.
Shirley Calvo, directora de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), y Flora Ayub, directora de la Cámara Costarricense de Hoteles, respaldan las acciones implementadas y confían en que servirán para cuidar la confianza del turista internacional en Costa Rica.
Al mismo tiempo hicieron un llamado a los empresarios del sector para superar las renuencias relacionadas con la información al turista para que tome medidas de cuidado pero, ante todo, para que asuma su responsabilidad sobre la importancia de contar con personal contratado legalmente.
Esto luego de que trascendiera que dos de los sospechosos por los crímenes de la española y la venezolana-estadounidenses laboraban en aparente condición irregular, aunque uno de ellos lo hacía en un negocio no reconocido ni autorizado (Arbnb).
Calvo se maestra optimista de que el trabajo que el país ha hecho en los últimos 30 años en materia turística sigan deparando frutos positivos, en especial porque se trata de una industria que directamente genera 150.000 empleos, aunque la cifra se dispara a los 460.000 cuando se incluyen los indirectos.
