Paulo Villalobos
A partir del próximo domingo 1º de setiembre, unas 370 mil personas jurídicas deberán completar el Registro de transparencia y beneficiarios finales del Banco Central de Costa Rica.
Esa institución, así como el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), informaron este lunes que están preparados para dar inicio al proceso obligatorio contemplado en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.
Este es un proceso que debe completar cada representante legal de las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, entre otras.
Dicho registro servirá como un repositorio, en el que las personas jurídicas deben incluir a todos sus accionistas o beneficiarios.
Límites y castigos
Para ello, las cédulas jurídicas que terminan en 0 y 1 deberán completar el registro a mas tardar el 30 de setiembre de 2019.
Las que finalicen en 2 y 3, deberán hacerlo en octubre; 4 y 5, en noviembre; 6 y 7, en diciembre; y 8 y 9 en enero de 2020.
De lo contrario, estas se exponen a multas que van desde ¢1,3 millones hasta lo ¢43 millones. También se prevén castigos como la imposibilidad de emitir certificaciones de personaría y similares del Registro Nacional e imposibilidad de inscripción de documentos presentados a esa entidad, de acuerdo con el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta.
Aquellas que estén inactivas deberán darse de baja (desinscribirse). De no hacerlo, serán sancionadas con las mismas multas.
Trámite electrónico
Para completar el proceso, los representantes legales de las personas jurídicas deben contar con su firma digital.
Sin embargo, el gerente del Banco Central, Eduardo Prado, estimó que a este lunes, sólo un 20% de los apoderados cuentan con dicha herramienta.
Ante ello, el funcionario recordó que existen 50 entidades financieras en el país para solicitar la firma digital.
El procedimiento de registro estará disponible los 365 días del año en la dirección Central Directo.
Mejora en evaluaciones
El director del Instituto sobre Drogas, Guillermo Araya, destacó que la importancia de la implementación del registro en el tanto que Costa Rica será evaluado en 2020 por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
“Nuestro reto y nuestra meta es sobrellevar y aumentar las calificaciones en cumplimiento. Este fue precisamente un tema de los que más se nos resaltó por un tema de incumplimiento en la evaluación que se le hizo al país en el 2015. Todos estos años se ha hecho un esfuerzo para cumplir el estándar.
“Sólo tenemos el próximo año para poder demostrar lo que es eficiencia sobre el adecuado uso y la importancia de tener esta herramienta que viene a fortalecer la imagen en ese debilitamiento que nos habían denunciado cuatro años atrás”, explicó el jerarca.
Tanto Acosta como Prado destacaron que el Banco Central consiguió certificaciones para garantizar la confiabilidad, seguridad y trazabilidad de la información del registro de accionistas.
Paulo Villalobos
