Paulo Villalobos
Unos 45 oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) actúan bajo la dirección de la fiscala general, Emilia Navas, en los allanamientos en la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y cuatro casas de habitación, desde tempranas horas de este viernes.
La cifra dista de los 250 oficiales que el OIJ había proporcionado en la mañana. El dato inicial había sido ofrecido por el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza, en referencia a las diligencias de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
“El papel del Organismo de Investigación Judicial es fundamentalmente de apoyo, soporte, orientación y consejo. En ese sentido, nuestra función corresponde con el levantamiento de evidencia, la presencia en los sitios y con la ejecución de las actividades que los fiscales presentes en los sitios nos indiquen”, explicó el funcionario.
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Dentro del personal dedicado por el cuerpo policial a los operativos destacan especialistas en análisis de datos, así como funcionarios de las áreas de Ciberdelito y Análisis de Eventos Criminales, así como de la Sección Anticorrupción.
Los primeros dos grupos serán los encargados de revisar equipos de cómputo y artefactos electrónicos que sean decomisados, mientras que los otros dos están dirigidos a la revisión del caso y la emisión de conclusiones.
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Desde las 8 a.m. de este viernes, Navas ingresó a la sede del Gobierno de la República junto a subalternos y oficiales en busca de evidencias para aportar al expediente penal 20-005434-0042-PE.
En esa causa se investigan aparente violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato; en las operaciones desempeñadas por tres asesores presidenciales entre mayo de 2018 y octubre de 2019, así como la posterior conformación de la Unidad de Análisis de Datos (con todo y un aval para acceder a información confidencial de la ciudadanía) en octubre de 2019, y su entrada en operación en febrero de 2020.
Por este caso figuran como imputados:
- Los firmantes del decreto:
- Carlos Alvarado, presidente de la República
- Víctor Morales, ministro de la Presidencia
- Daniel Soto, viceministro de Planificación
- Quien analizó el decreto:
- Luis Salazar, asesor legal
- Encargados e integrantes de la Unidad:
- Felly Salas, jefa del despacho del mandatario
- Diego Fernández, asesor de datos
- Alejandro Madrigal, asesor de datos
- Andrés Villalobos, asesor de datos
El decreto fue derogado una semana después de publicado en el diario oficial La Gaceta; el mismo día en que trascendieron los alcances de la oficina de Alvarado.
El mandatario indicó el lunes que la redacción contenía un error de comunicación y pidió disculpas. También dijo que el objetivo de la oficina era compilar información para formular políticas públicas.
El silencio con el que Alvarado ha manejado el escándalo por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) se mantiene este viernes en medio de los 10 allanamientos que realiza la Fiscalía por este caso.
El mandatario aparece como uno de los investigados en el proceso, sin embargo no ha aparecido en Casa Presidencial ni ha emitido ninguna reacción. Sus redes sociales registraron una última relacionada con el coronavirus hace casi 24 horas.
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Nota actualizada a las 17:09 p.m.
Paulo Villalobos
