Manuel Sancho
Costa Rica se vende y presume de su corazón ambiental, de proteger la naturaleza tanto en tierra como en el mar. Y en el papel lo hace: el país ha aprobado múltiples leyes, normativas, políticas y planes relevantes. Pero no mejoramos nuestros índices globales y seguimos fallando en el cumplimiento.
La conservación se maneja como una doliente paradoja, ante la “presencia de impactos reiterados y profundos”, además de conflictos no resueltos, ni con todas las leyes. Es una de las conclusiones del Informe Estado de la Nación 2019, presentado esta semana. Los investigadores señalaron que se legisla obligando al Estado y reconociendo derechos a la población, “pero sin definir los recursos y capacidades con que se cumplirán”.
La mayor parte de la normativa ambiental aprobada en 2018 y hasta abril de 2019 correspondió a decretos y leyes: 55,2% y 15,2% respectivamente
El país ha venido aumentando la aprobación de leyes, decretos y reglamentos. (Estado de la Nación)
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Incapacidad de ejecución y planes reguladores
La investigadora del Estado de la Nación, Karen Chacón, afirmó que a pesar de la amplia plataforma legal, hay una alta incapacidad para materializar las normas y reducir los impactos ambientales de la actividad humana. “Hay una brecha entre lo que establece la normativa y las capacidades que hay para implementar esa normativa”, explicó.
Las municipalidades son el reflejo más claro de esta contradicción e incompetencia de Costa Rica. Por años el país ha acumulado un grave estancamiento en el desarrollo de planes reguladores cantonales (PRC), la herramienta básica para controlar con cómo se usa el suelo y se expande la actividad humana.
Según el Informe 2019, de los 82 cantones solo 40 tienen un plan regulador y de esos 19 son parciales. El 51% de los planes fueron aprobados antes del 2000, es decir tienen cerca de 20 años o más. Solo el 12% de los cantones que cuentan con un PRC vigente lo están actualizando, mientras un 37% no lo está haciendo.
Menos de la mitad de los 82 cantones tienen plan regulador. (Estado de la Nación)
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Municipios sin herramientas mínimas
Este año, el Estado de la Nación indagó en las herramientas que manejan los gobiernos locales, para gestionar apropiadamente los recursos naturales. La conclusión es demoledora: no cuentan con las básicas y obligatorias. Aunque consultaron a todos los municipios, solo 63 respondieron.
Karen Chacón señaló que en la mayoría de los cantones se están dando construcciones sin ningún tipo de regulación. “Se está construyendo sin que se esté regulando, qué tipo de construcciones, de qué forma, en qué lugares se está desarrollando”, advirtió la investigadora.
El plan regulador se acompaña con los reglamentos municipales. Si a la falta de plan se une la inexistencia de las normativas locales, el panorama es nefasto para el medio ambiente. En el caso de reglamento de zonificación, un arma elemental, de las 63 municipalidades que respondieron, solo 40 lo tienen.
La mayoría de municipios no manejan las herramientas básicas de gestión ambiental. (Estado de la Nación)
Según Chacón, los municipios señalaron como barreras para el desarrollo de la gestión ambiental, la cantidad de normativas y regulaciones. Pero al analizar la realidad, ni siquiera se implementan.
Por eso el Informe le puso nota a los gobiernos locales y la mayoría tiene un desempeño medio, con calificaciones bajas. Se tomaron en cuenta tres factores:
- herramientas
- capacidades (oficina, personal, presupuesto)
- acciones e iniciativas (campañas de movilización u otras)
La mayoría de cantones tiene un bajo desempeño en gestión ambiental. (Estado de la Nación)
“Las zonas donde están los municipios con desempeño más bajo, coinciden con zonas dónde hay mayor afectación por el uso del suelo. En la Zona Norte con el cultivo de piña y en el Caribe con el cannabis”, detalló Chacón.
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Manuel Sancho
