Acceso a la OCDE debiera permear en diálogo constructivo entre contribuyentes y la Administración Tributaria

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Licda. Cristina Sansonetti para El Observador

Costa Rica recibió el 15 de mayo anterior la invitación para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), convirtiéndose así en el miembro número 38. El camino fue largo y requirió la aprobación de 22 comités y de al menos 14 leyes.

El presidente Carlos Alvarado y el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, firmarán el Acuerdo de Adhesión de Costa Rica a la Convención de la OCDE. Una vez suscrito, se procederá con el proceso de ratificación del Acuerdo y de la Convención de la OCDE por parte de la Asamblea Legislativa.  Para concretar el proceso, se requerirá la sanción por parte del Poder Ejecutivo, y el depósito del instrumento de ratificación ante la sede la OCDE.

Al formar parte de la OCDE, Costa Rica se compromete en implementar “mejores prácticas” en materia de conservación del ambiente, competencia, cumplimiento, fiscal entre otras sometiéndose a estudios y fiscalizaciones constantes.

Desde una perspectiva fiscal, además del acompañamiento en el diseño e implementación de buenas prácticas fiscales a fin de procurar una mejor distribución de la riqueza, también contempla lineamientos en relación con la normativa de precios de transferencia, la suscripción de convenios para evitar la doble imposición, como miembro pleno de la OCDE, accederíamos a distintos comités y fórums.

Desde el año 2002 se creó un Foro específico de Administraciones Tributarias, siendo que uno de los objetivos primordiales el influir en el entorno en el que operan los sistemas fiscales, superando el modelo confrotativo a un diálogo más constructivo con los contribuyentes. En mi experiencia este enfoque es esencial, porque son pocas las ocasiones en que, desde la perspectiva del contribuyente, las interacciones con los funcionarios de las distintas administraciones tributarias acontecen en un ambiente colaborativo.

Existen excepciones, pero lastimosamente, conforme ha venido aumentando la tensión fiscal que enfrenta el país, también hemos sido testigos de un aumento en la agresividad y actitud formalista de los funcionarios públicos de las distintas administraciones tributarias con la única finalidad de rechazar exenciones, imponer ajustes en la determinación de impuestos y realizar el cobro de sanciones improcedentes.

Sin duda, el acceso de Costa Rica como miembro pleno de la OCDE es un “sello de garantía” que repercutirá positivamente en la inversión extranjera. Sin embargo, no bastará con formar parte de la OCDE para atraer más y mejor inversión en el país que genere puestos de trabajo, aumente la recaudación fiscal y que permita crear nuevas oportunidades. Para lograr lo anterior, requerimos trabajar de manera conjunta con la Administración Tributaria. La interacción entre esta y los contribuyentes debiera darse en un ambiente constructivo, de colaboración y sobre todo, donde prevalezca sobre cualquier factor la aplicación de las leyes.

Generar un diálogo constructivo entre el Estado y los contribuyentes permitiría aumentar la recaudación respecto de aquellas actividades que de conformidad con la normativa vigentes se encuentran afectas al pago de impuestos en nuestro país, pero bajo la premisa que otros ingresos no lo están.

Costa Rica mantiene, aún después de la mayor reforma fiscal aprobada en los últimos 20 años, un sistema de renta territorial, en virtud del cual no todos los ingresos que obtengan y declaren los contribuyentes se encuentran afectos a imposición en nuestro país. Sin embargo, esta actitud confrontativa y recaudatoria ha permeado en una violación al principio de legalidad.

El hito alcanzado por Costa Rica al haber sido invitado a participar como miembro pleno de la OCDE debiera generar mejoras respecto de la tutela de los principios constitucionales y de nuestro sistema fiscal.

 Cristina Sansonetti
 Abogada especialista en materia tributaria
 Socia Impuestos Consortium Legal
 [email protected] 


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