Paulo Villalobos
La Presidencia de la República de Carlos Alvarado nunca informó a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), sobre la creación de la polémica oficina de asesoría con acceso a información confidencial, operada en Casa Presidencial.
Tampoco le consultó sobre el decreto 41996 – firmado el 14 de octubre de 2019 y publicado el 17 de febrero de 2020 – con el que formalizó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), hoy bajo cuestionamientos y con el la directriz ya anulada.
Ello ocurrió a pesar de que la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales le atribuye a la Prodhab, en su artículo 16, inciso a):
“Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto por parte de personas físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos públicos”.
Así lo confirmó este miércoles la directora de la Agencia, Elizabeth Mora, en entrevista con El Observador.
“No fuimos consultados ni puestos en conocimiento ni de la existencia de la Unidad, ni fuimos consultados para efectos de la revisión del decreto que ya todos conocemos”, dijo. El relato se asemeja al dado el martes por el ministro de Seguridad, Michael Soto.
La funcionaria evitó decir si estaba o no de acuerdo con la creación de esa oficina, al aducir que la desconocía hasta que el sitio CRHoy.com la dio a conocer el 21 de febrero.
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Nueva pesquisa
La Prodhab ya comenzó a investigar la forma en que se creó y operó la UPAD. (El Observador)
El pasado lunes, la directora de la Agencia de Protección, Elizabeth Mora, ordenó a su Departamento de Registro y Archivo de Base de Datos abrir un procedimiento contra la Unidad Presidencial, cuyo decreto de creación fue derogado el 21 de febrero de 2020.
Con ella se pretende determinar si durante la existencia de la oficina se incurrió en una de las faltas previstas en los artículos 29 y 31 de la normativa de protección de datos.
Las posibles faltas, que contempla la Ley, van desde la recolección de información sin que se le indique al titular de esta, hasta la transferencia de datos a terceros sin el consentimiento de sus dueños.
“Nosotros vamos a proceder conforme a las competencias que nos otorga la ley”, afirmó Mora.
“Esta establece que si de la investigación se determina que se han incurrido en algunas de las faltas previstas, entonces la Agencia podría aplicar sanciones que van desde los 5 a 30 salarios base, o en el caso de las faltas gravísimas, la suspensión de la base de datos por hasta 6 meses”, añadió.
Ese mismo día, luego de una reunión en Zapote, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, también solicitó la apertura de la investigación.
La Agencia es un ente adscrito aunque desconcentrado del Ministerio de Justicia y Paz.
Es la quinta entidad que investiga a la UPAD. En varias ocasiones, el presidente Carlos Alvarado, ha defendido que la oficina tenía el propósito de recopilar información para la formulación de políticas públicas.
Ayer en una actividad del sector privado, el mandatario admitió que la forma en que se creó la Unidad fue una “torpeza política”, pero no señaló responsables, sanciones y volvió a defender que es necesario tener ese análisis de datos en Presidencia.
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Paulo Villalobos
