Paulo Villalobos
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) dirigió tres allanamientos en el Ministerio de Educación Pública (MEP), este lunes, por la aparente compra de dos terrenos que tenían impedimentos legales por su uso.
El Ministerio Público centró las diligencias en las direcciones de Tecnología, Financiera y el Departamento de Gestión de Trámites y Servicios de Recursos Humanos, todas situadas en las oficinas centrales del MEP en San José.
Asimismo se realizaron operativos en la empresa Geocad S.A. y en los despachos de los imputados, también ubicados en la capital.
La Fiscalía mantiene una investigación por los aparentes delitos de enriquecimiento ilícito e influencia en contra de la hacienda pública. En apariencia se dieron en 2014, cuando se compraron dos terrenos para la construcción del Liceo de Copey de Dota en San José, y la Escuela de Las Vueltas de Tucurrique, en Cartago.
La oficina de prensa del Ministerio Público especificó que, por políticas de la Fiscalía Anticorrupción, los apellidos de los encartados se brindarán hasta que estos sean indagados. En esta fase del proceso penal, se le informa a la personas los hechos por los cuales se le investiga.
La causa se lleva bajo el expediente 19-000264-1218-PE. Inició este año a raíz de una denuncia interpuesta ante el órgano acusador.
“El Ministerio está brindando toda la colaboración que corresponde en este tipo de casos a efectos de que la investigación lleve a las averiguaciones que corresponde”, externó el director jurídico del MEP, Mario López.
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Segundo allanamiento en cuatro días
Las diligencias de este lunes son las segundas que sufre el Ministerio de Educación Pública en los últimos cuatro días.
El viernes 13 de diciembre, la Fiscalía Adjunta de Heredia dirigió un allanamiento en la Dirección Regional de la provincia y en la Junta de Educación de la Escuela de Capacitación Obrera. Los operativos se dieron por una aparente malversación de fondos.
Como parte de las diligencias también se intervino en cuatro casas de particulares.
La causa se sigue contra seis personas de apellidos Víquez Portuguez, Vásquez Carvajal, Trigueros Chaves, Gutiérrez Vargas, Bermúdez Ramírez y Zárate Bogantes.
Todos son sospechosos de los presuntos delitos de malversación de fondos y peculado. Pero el Ministerio Público no especificó la relación de los sujetos con los órganos allanados.
La pesquisa también inició este año, cuando la entrante Junta Directiva de la Escuela de Capacitación denunció un posible desvío de fondo públicos.
Paulo Villalobos
